A diferencia de los bruscos cambios constitucionales, donde los actores tradicionales han sido juntas militares; esta vez estamos presenciando la destrucción, pedazo a pedazo, del sistema constitucional a manos de un inverosímil actor: el Congreso de la República.

 

¿Por qué afirmo que estamos viviendo un rompimiento constitucional?

Durante los últimos años el diseño de pesos y contrapesos que los Constituyentes de 1985 diseñamos, ha sido objeto de irrespeto y violación del procedimiento establecido por parte de un actor que en el diseño constitucional es el propio garante del sistema. Sí, nos resultó que el lobo terminó cuidando a las ovejas…

Veamos, iniciando con el hecho irrefutable de que la Corte Suprema de Justicia no ha sido renovada y que dicha corte se encuentra usurpando sus funciones ya por dos años y medio y todo debido a la negativa del Congreso a elegir y dar posesión a los nuevos integrantes de dicho organismo. Las comisiones de postulación ya nominaron candidatos y la Corte de Constitucionalidad ya indicó el procedimiento. ¿Qué falta entonces? Únicamente la voluntad política del Congreso de llevar a cabo la elección. Y para mientras el caos constitucional sigue y las resoluciones que dicha corte continúa tomando serán todas objeto de impugnación en el futuro.

A esto sumemos el hecho de que la propia Corte Suprema esta desintegrada, ya que la ley manda que dicha corte se integre con 13 magistrados titulares y desde hace ya cuatro años dicha corte está integrada únicamente con 12 magistrados titulares, ya que una magistrada logró generar un limbo legal mediante el cual ella continúa siendo magistrada, pero no integra la corte. ¿Cómo llegamos a este punto?

En segundo término, está el gravísimo caso de la Corte de Constitucionalidad, la cual fue apresuradamente integrada según el plazo constitucional. Nos preguntamos entonces: ¿Por qué la CC sí se integró y la suprema no en el plazo constitucional? Sin embargo, hay un hecho que deslegitima la totalidad del proceso, que consiste en que el Consejo Superior Universitario de la USAC ya designó a su representante y de nuevo el Congreso de la República, así unilateralmente, se niega a darle posesión, lo que provoca que la Corte de Constitucionalidad también esté siendo usurpado un cargo de magistrado titular, ya que quien está ejerciendo dichas funciones, pues ya no puede ostentar el cargo precisamente por haber vencido el plazo constitucional. Nos preguntamos entonces: ¿Si dicha corte no está legalmente integrada, es legítima?

Estamos en pleno proceso de selección de Fiscal General y en unas semanas de Procurador de los Derechos Humanos. Y de nuevo vemos nubarrones en el horizonte debido a la actitud del propio garante del sistema, el Congreso de la República.

La comisión de postulación resulta que está presidida por la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que está usurpando desde hace dos años y medio. Entonces, la legitimidad de dicha selección por parte de la comisión postuladora está en duda, ya que no se garantiza la imparcialidad de dicho ente al tener como su presidente a una magistrada que ella misma no respeta los términos constitucionales ni de la propia Ley de la Carrera Judicial, la cual claramente indica que la calidad de magistrado se pierde al vencimiento del término para el cual fue nombrada. A esto agreguemos el hecho que un decano de una universidad privada, miembro de dicha comisión de postulación, propuso un procedimiento para la verificación de la idoneidad de los candidatos y el resultado fue que en 24 horas fue perseguido penalmente resultando en su dimisión de la comisión de postulación.

Ni hablar de lo que viene en la selección del nuevo Procurador de los Derechos Humanos, donde los diputados han claramente manifestado sus intenciones de nombrar un lacayo que les obedezca ciegamente.

El círculo se cerró y el golpe se terminará de consumar en este momento donde todas las instituciones estarán a la orden del Congreso, un ente que terminó siendo no representativo ni con los intereses del pueblo como su prioridad.

Y es acá donde debe empezar la batalla electoral, lograr que esos supuestos representantes del pueblo respondan al pueblo y no a sus bolsillos. ¿Pero cómo, si el propio Tribunal Supremo Electoral responde a los intereses de ellos?