FOTOGRAFÍA DE CARLOS HERNÁNDEZ OVALLE

El Estado de Guatemala enfrenta una de las crisis políticas e institucionales más severas de su historia. Uno de los aspectos que destaca es la inseguridad. Los niveles de criminalidad y violencia, los homicidios, la violencia contra la mujer y la niñez, la trata de personas, las extorsiones, el contrabando y el narcotráfico, tienen un sensible crecimiento durante los últimos años, afectando la economía, la situación política y el bienestar de la sociedad.

Guatemala es, según organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo y solo en la última década sumó más de 60.000 asesinatos, la mayoría de ellos perpetrados con arma de fuego. Alrededor del 90% de los homicidios que tienen lugar en el país, permanecen en la impunidad. La muerte de una persona no es justificable, y sin embargo hoy, dentro de una sociedad enferma por prácticas violentas, muchas originadas desde el Estado, como el autoritarismo la represión y la corrupción, se considera normal la eliminación de los ciudadanos. Se agrega el cobro de cuentas entre pandillas, y los crímenes por extorsión, pero en menor proporción. Lo más destacable, es la reaparición de los crímenes y modus operandi de los Escuadrones de la Muerte dirigidos por las fuerzas de seguridad,  los mensajes macabros a la sociedad, dejando los muertos cruelmente torturados a la vista de todo el mundo, como un recurso perverso de intimidación de los grupos de poder.

A varios años de creado el Sistema Nacional de Seguridad, SNS, y destruidas sus funciones desde la administración del partido Patriota, la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país.  Se refleja frente a las amenazas reales y potenciales, con un notable crecimiento del crimen organizado, con un narcotráfico fortalecido y varias manifestaciones de la delincuencia común. Se ha creado un ambiente grave de inseguridad interna, empeorado por malas políticas de seguridad de la administración pública, e incremento de la corrupción. Tampoco permite el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales, relacionados con el combate al crimen organizado, porque este se encuentra enquistado en los poderes e instituciones del Estado. A ello se agrega el funcionamiento de un sistema de justicia deficiente, atrasado, que muchas veces genera la impunidad y sin mayor coordinación con la función de seguridad.

Uno de los requisitos para el funcionamiento del sistema de seguridad, es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia, que deben interactuar entre si dentro del sistema. El fortalecimiento de cada institución, pasa por funcionar para lo cual fue creada.  Desde ese punto de vista, existen muchas contradicciones porque varias de las instituciones de Seguridad y Defensa, cruzan sus funciones y disputan el campo de acción de la otra, con lo cual se desarrollan dobles esfuerzos, doble inversión de recursos y disputa de poder. Se ha regresado a la subordinación de todas las instituciones de seguridad al ejército, que por décadas las ha dirigido de manera arbitraria y dentro de la contrainsurgencia, lo cual ya no tendría razón de ser, al haber finalizado el Conflicto Armado Interno.

Retrato de un kaibil. Fotografía de Carlos Hernández Ovalle

Redefinir sus funciones, tiene el propósito de recuperarlas, para que aporten dentro de las políticas de Seguridad Democrática. Cada una debe tener objetivos establecidos ante determinadas amenazas, con estrategias comunes, planes y operatividad conjunta. En otras palabras, la recuperación de todo el sistema, inicia por recuperar cada una de las partes que lo integran. A pesar del crecimiento de la violencia e inseguridad, en los últimos años se registra una disminución en los índices delictivos. Pero las estadísticas se pueden manipular, para dar la sensación de seguridad como efectividad del gobierno de turno, aspecto de carácter político y subjetivo, que en la realidad no elimina la violencia. Esta afecta de manera directa a la población, que no tienen los recursos ni posibilidad de contar con seguridad privada, pero tampoco desde el Estado, que sería una de sus funciones básicas, al brindar seguridad a la sociedad.

Las causas que originan la violencia tampoco se han podido eliminar o atenuar. No existen políticas para enfrentar la criminalidad de manera interinstitucional, preventiva o sistémica desde el Estado. En todo caso se mantienen acciones reactivas, muchas veces coyunturales, o medidas mediáticas, cercanas a las elecciones para captar el voto ciudadano, como cuando se planteó la “Mano Dura” o la “Pena de Muerte”, como eficaz solución, dentro de las cuales están siempre presentes las medidas represivas contra la población.