FOTOGRAFÍA DE DANILO RAMÍREZ

“Guatemala es uno de los países más seguros, en relación a las naciones vecinas”, fueron declaraciones a la prensa, del Ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos, este 26 de mayo. Esto puede ser así, tomando en cuenta que El Salvador y Honduras, aventajan a Guatemala en pandillas, asesinatos, extorsiones, narcotráfico y demás violencia. Pero se debe tomar en cuenta que los países del Triángulo Norte, son los más violentos del mundo, entonces de qué sirve que las naciones vecinas nos aventajen en algunos puntos, si la inseguridad en el país es la misma de la región, que tiene de rodillas a la población.

Estas declaraciones del ministro, tratan de dar una “percepción” de seguridad, ante los niveles de violencia que se han alcanzado en el país. Pero la seguridad ciudadana, no debe ser solo una percepción, es el derecho que tienen todos los habitantes para desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos y el goce de sus bienes. Se asienta en la obligación del Estado de satisfacer las necesidades del ciudadano, a cambio, de que este delega el poder, en los responsables de conducir el aparato estatal. Lo hace como un ejercicio democrático por la vía electoral.

Se culpa a las pandillas por los repuntes de violencia, por la disputa de territorios para asegurar el negocio de las drogas, las medidas tomadas contra los líderes de las Maras en prisión y disputas entre estos, etc. De qué sirve entonces el tamaño que ha alcanzado la administración pública y los recursos asignados, si no impulsan una Política de Seguridad. Sin embargo, estos son solo los resultados y no las causas, porque la violencia tiene raíz en los grandes problemas estructurales que viene arrastrando el país.

Los problemas económicos no resueltos, se reflejan en la ampliación de la brecha entre la riqueza y la pobreza, en la gran población que vive de la economía informal por no contar con fuentes estables de empleo. En el crecimiento de la población excluida y marginada, así como el poco desarrollo del sector industrial que debería generar empleos, y la propiedad sobre la mayoría de las tierras fértiles en manos de un reducido número de terratenientes. Se identifican como factores de riesgo y amenazas a la convivencia democrática, la paz social y el orden constitucional, los desequilibrios sociales y económicos, la discriminación social, política y la corrupción, entre otros. Agravan el problema, la elevación de los precios del combustible, de la canasta básica, y de los servicios básicos, como la salud, el transporte, la educación, y la falta de vivienda digna.

Fotografía de Danilo Ramírez

En Guatemala, se ha utilizado la inseguridad y la violencia, para lograr fines políticos. Cuando el Partido Patriota estaba en campaña electoral, planteando que la solución a la inseguridad era la “Mano Dura”, casualmente se incrementaron los asesinatos violentos. Aparecieron delincuentes y pandilleros asesinados por las más sádicas torturas, algunos decapitados, incluso dejando una cabeza en las puertas del Congreso de la República, como un claro mensaje político. Se culpó a las pandillas del repunte de esa violencia. Se debe tomar en cuenta que entre pandillas existe una rivalidad a muerte. Pero en ese momento todos los pandilleros “supuestamente actuaron de manera coordinada”, el mismo día y a la misma hora para realizar ejecuciones en diferentes zonas de la ciudad capital. La pregunta estuvo siempre presente: ¿Quién coordinó estas acciones delictivas, con esa precisión operativa, cuánto se les pagó o cuál fue el ofrecimiento?

Solo lo pudo hacer una fuerza externa que estuviera acostumbrada a realizar estas actividades propias de la contrainsurgencia o de la llamada “Limpieza Social”. No se dudó que fuera impulsada por unidades especiales de las fuerzas de seguridad, utilizando en este momento estos métodos, para enfrentar a la oposición política dentro de la contienda electoral.  El Partido Patriota, utilizó esa estrategia para justificar la necesidad de la Mano Dura, para supuestamente enfrentar los problemas de inseguridad, pero en la práctica, se elevaron los índices de violencia, porque se utilizó la violencia contra la violencia. Al final, lo que hizo ese gobierno fue un asalto a los recursos del Estado, y los resultados finales son de sobra conocidos por los ciudadanos.

La seguridad no es solo un problema de policías y soldados, se origina al impulsar políticas de desarrollo, encaminadas a lograr el bienestar de la sociedad. La función de Seguridad, como Política de Estado, interactúa con las demás Políticas Públicas, para lograr un sistema integrado, en la construcción de un Estado Democrático.