Ante desastres naturales como erupciones, tormentas, inundaciones, deslaves, incendios y otros fenómenos que se presentan periódicamente en Guatemala, el Estado no cuenta con planes para prevenirlos, mucho menos con políticas para enfrentarlos y mitigar sus efectos. Se abordan los fenómenos, una vez se presentan y afectan a la población, entonces de manera improvisada, se empieza a considerar qué medidas emergentes se pueden impulsar.

Desde la comunidad El Patrocinio en el departamento de Escuintla, los pobladores observan con asombro y preocupación los ríos de lava generados por el Pacaya. Fotografía de Esteban Biba

Los habitantes de las aldeas aledañas al Volcán de Pacaya, el Patrocinio y el Rodeo en Escuintla, indican no tener consuelo, porque aún carecen de un plan de evacuación ante los flujos de lava, que mantiene una amenaza constante sobre sus comunidades. El coloso inició las erupciones el pasado 5 de febrero, hace dos meses y medio.  El Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE, de estas aldeas, ha planteado una serie de peticiones formales a los representantes de la CONRED, el INSIVUMEH y la Municipalidad de San Vicente Pacaya, con el fin de resguardar a las familias más vulnerables, pero no tienen respuesta. Estas instituciones aún no han establecido una ruta de evacuación y un plan para construir nuevas viviendas, aunque el evento se hizo viral y se conoce en todo el mundo.

Viviendo en una zona volcánica, las erupciones se pueden presentar en cualquier momento, como ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando el Volcán de Fuego causó una tragedia donde murieron alrededor de 431 personas que residían en sus faldas. En esa oportunidad las víctimas quedaron sepultadas en toneladas de ceniza y arena, y algunas aún no fueron recuperadas. Lo mismo sucedió en la tragedia de la aldea El Cambray II, municipio de Santa Catarina Pinula, el 1 de octubre de 2015, cuando un alud sepultó alrededor de doscientos habitantes, y destruyó sus viviendas.

Un bombero camina por la comunidad El Rodeo luego de la erupción del volcán de Fuego. Fotografía de Esteban Biba

En noviembre del año pasado, las tormentas Eta e Iota, arrasaron con las cosechas y animales domésticos de varios departamentos y la crisis que afrontan sus habitantes, podría tardar varios años en recuperación. A ello se suma la falta de producción de alimentos, que complica su situación de sobrevivencia y las vías de comunicación siguen bloqueadas, por lo que no reciben ayuda. Ese cuadro desolador persiste en anteriores desastres, y son comunes las quejas de las poblaciones, “el gobierno no nos ayuda, estamos desamparados”. Esa situación se presenta con todo su drama, dolor e incertidumbre, ante la pandemia que afecta la salud del país desde el año pasado. No han bastado los Estados de Excepción ni las medidas impuestas a la población, el problema es que no se ve el final de esta situación, el gobierno tampoco tiene la respuesta.

La Gestión de Riesgo, es un componente esencial del Plan de Seguridad Nacional, impulsado por el Consejo Nacional de Seguridad. Se debe plantear una nueva visión para abordar el tema de los desastres, que no solamente consideran su problemática particular, sino también los riesgos que se pueden originar, generando descontento y agotamiento de la población ante sus autoridades, al no ser apoyada oportunamente.  Pone en riesgo la misma gobernabilidad, lo cual puede originar una situación política, donde la sociedad cuestione a su gobierno y plantee sus propias formas de resolver la problemática.

Calles inundadas en Cobán dejaron a su paso las tormentas Eta y Iota. Fotografía de David Toro

Al ámbito de la gestión de riesgo, se le debe agregar el componente de defensa civil, considerando que la población juega un papel importante al organizarla y movilizarla en torno a sus propias necesidades, apoyando a las instituciones que deben acudir para mitigar los efectos de los desastres o amenazas externas. Al Estado le compete liderar esa situación, que se puede facilitar, cuando se han fortalecido los sistemas y las instituciones que deben enfrentar las crisis. La Alerta temprana, significa contar con planes de prevención y contingencia, asistencia de todo tipo, equipos, transportes y lugares para la evacuación y albergues, garantizando la seguridad para los afectados, y la posibilidad de recuperar sus viviendas o nuevos lugares para reconstruirlas.

El problema no lo puede solucionar una sola institución, el problema lo debe abordar todo el sistema de seguridad, implementar la cooperación interinstitucional, elaborar planes de apoyo entre los ministerios y las instituciones, entre los distintos cuerpos de seguridad. Muchos eventos, por su naturaleza aún no se pueden prever, pero viviendo en una región de alto riesgo, los planes de contingencia y prevención si se pueden elaborar, y ponerlos en funcionamiento a la hora de las emergencias. Todo ello necesita de recursos, ¿de dónde saldrán? Ello también se debe planificar tomando en cuenta que la vida económica del país, va de la mano con su bienestar y desarrollo.

Se debe incluir en las políticas de Estado, la visión de la prevención de desastres y como un elemento importante, darle continuidad a la vida de sus habitantes como patrimonio y bien a defender, así como garantizar la conservación del ambiente, donde tiene lugar la vida digna de su población.