Luego de que el presidente del país cocalero, Iván Duque, le recetará —en plena alza dramática de víctimas mortales de la pandemia— un jugoso aumento de impuestos a sus compatriotas, el descontento del populacho no se hizo esperar y salió a la calle en forma de miles de indignados —de orígenes sociales heterogéneos—, quienes no esperaron a hacer manifestaciones pacíficas el “finde”, sino que salieron desde el miércoles de la semana pasada, encontrando, eso sí, una represión sanguinaria y desproporcionada de parte de las fuerzas coercitivas del narcoestado.

Iván Duque, presidente de Colombia.

«Fue horrible… Nunca había visto morir a alguien ante mis ojos», dijo Juan Gómez, un abogado de 27 años que vio desangrarse a sus pies a Nicolás Guerrero, un joven artista ejecutado por la policía en una manifestación transcurrida en la ciudad de Cali —la tercera más grande de Colombia.

Las manifestaciones por supuesto comenzaron en la capital del país, Bogotá, y se fueron extendiendo por el país a medida que la violencia estatal se iba poniendo color de hormiga, como se puede corroborar en distintos videos que están circulando en las redes sociales.  El número de víctimas asciende a por lo menos 19 muertos y cientos de heridos de distinta gravedad —se sabe de estudiantes que han sufrido potentes quemaduras.

Mientras tanto, poco se dice en los noticieros y diarios tradicionales del mundo sobre estos episodios de barbarismo estatal, como una especie de pacto de silencio firmado para defender al gobierno ultraneoliberal, aliado número uno de Estados Unidos en América Latina, que, dicho sea de paso, ha sido incapaz de poner fin a una guerra civil empezada en 1960. Como no se trata de Venezuela, les pela.

Por su parte, el tristemente célebre Álvaro Uribe Vélez, exmandatario involucrado en escandalosos crímenes de lesa humanidad —fomentó el paramilitarismo y la ejecución de civiles bajo la excusa de falsos positivos de la guerrilla— y mentor político de Iván Duque, salió a decir en Twitter que la ciudadanía colombiana debía apoyar “el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender a las personas y bienes” del “terrorismo vandálico”. (New York Times, 4/5/2021).

Colombia es el país de América —y quizás del mundo— donde se ejecuta extrajudicialmente a más líderes sociales. Estos vejámenes bajo la excusa del narcotráfico y el paramilitarismo. El país vive una verdadera guerra de baja intensidad, y, por supuesto, el gobierno es cómplice silencioso de estos crímenes.