SIN TAPUJOS

Considero oportuno hacer ver a mis lectores que estos artículos son un resumen de los aspectos más relevantes que se han producido durante los gobiernos que hemos sufrido, información obtenida a través de libros, periódicos y vivencias. Por tratarse de un compendio no me puedo extender como quisiera. Dios mediante, estas sinopsis las traduciré más adelante en un texto de forma más ampliada.

Como señalaba en el artículo anterior, Lucas García fue depuesto por un golpe de Estado liderado por oficiales jóvenes del ejército de Guatemala, cuyo objetivo sería acabar con la corrupción, pues sentían que la imagen del Ejército se estaba deteriorando con dos procesos electorales fraudulentos.

 

Golpe de Estado y Junta Militar (marzo 1982)

A escasos tres meses para entregar el poder, el 23 de marzo de 1982, Fernando Romeo Lucas fue depuesto por un golpe de Estado liderado por un grupo de oficiales jóvenes del Ejército de Guatemala. Existía un sentimiento de rechazo popular al desorden, a la corrupción y a los grandes negocios realizados por una camarilla de militares y civiles. Los sublevados tomaron el control de la Ciudad de Guatemala y lograron que el general Fernando Romeo Lucas García se rindiera a los militares que horas antes habían rodeado el Palacio Nacional.

El gran descrédito en el que estaba el gobierno de Lucas García y la falta de efectividad del mando militar para dirigir la lucha contrainsurgente llevaron al grupo de oficiales jóvenes a promover el derrocamiento del gobernante.

Mientras tanto, las calles de la Ciudad de Guatemala estuvieron tomadas por carros blindados, vehículos con ametralladoras y un gran despliegue de soldados en uniforme de campaña, quedaron casi desiertas, y algunos establecimientos comerciales cerraron sus puertas. En la capital reinaba una gran tensión, luego de que los canales de televisión privada de Guatemala interrumpieron su programación regular cuando recibieron la exhortación por parte de los militares golpistas de unirse a la cadena nacional. A través de la cadena de radio y televisión estatal se pidió constantemente a los guatemaltecos que permanecieran tranquilos dentro de sus casas, y que obedeciesen únicamente las disposiciones que viniesen de la Junta representativa de Gobierno.

Para entonces, el general Efraín Ríos Montt era dirigente de la iglesia evangélica El Verbo; no se encontraba de alta en el Ejército, pero gozaba de prestigio entre los oficiales medios que lo recordaban en su etapa como director de la Escuela Politécnica, considerándolo honesto y no comprometido con las situaciones que se deseaba corregir. ​Aunque no participó en la planificación del golpe de Estado que se había dado ni se le había consultado si aceptaría asumir el gobierno, lo llamaron porque estimaron que era la persona adecuada para sacar al país de la encrucijada en que se encontraba y combatir la corrupción. Los golpistas desconocían, aparentemente, su nueva filiación religiosa y su entrega a dicha actividad.

Los sublevados confiaron el gobierno a una junta integrada por los generales Efraín Ríos Montt, quien la presidió y fungió como ministro de la Defensa; Horacio Maldonado Schaad, desempeñaría el Ministerio de Gobernación; y coronel Francisco Gordillo Martínez, se haría cargo de la cartera de Comunicaciones. Una vez montada la Junta de Gobierno, esta anunció que convocaría a nuevas elecciones, pero no precisó la fecha. La Junta, comunicó, que elaboraría un plan de trabajo que sería presentado al pueblo lo antes posible. ​El Triunvirato disolvió el Congreso y derogó la Constitución. En el llamamiento divulgado a través de la radio y la televisión, los golpistas pidieron comprensión internacional, y afirmaron que quienes gobernaban a Guatemala hasta el 23 de marzo de 1982 habían propiciado una imagen del país en el extranjero que no correspondía a las verdaderas características del pueblo. Aseguraron también que eran democráticos y que respetaban los derechos humanos de todos los guatemaltecos. Unos meses después el 9 de junio, Ríos Montt disolvió la junta militar que gobernaba.

Gobierno de José Efraín Ríos Montt (1982 -1983)

Tras la escasa respuesta a su petición, el 9 de junio de 1982, Ríos Montt se autoproclamó presidente de Guatemala y «anuló del poder» a los triunviros Horacio Maldonado Schaad y Francisco Luis Gordillo, mientras que concentró a todos los elementos del ejército en los cuarteles cercanos a la capital, en donde permanecieron durante un mes.

Finalmente, anunció que a partir del 1 de julio de 1982 quedaba establecido en todo el país el estado de sitio, y que iba a movilizar tropas para combatir a la subversión, para iniciar la «batalla final».​ El estado de sitio duró ocho meses y tres semanas continuos y la movilización de tropas del ejército fue del 60 % para concentrarlas en la zona noroccidental del país. También se realizó un reclutamiento forzoso para servicio militar de hombres comprendidos entre 18 y 60 años.

Se organizaron los Tribunales de Fuero Especial, juzgados integrados por jueces de los que no se sabía su identidad, quienes juzgaban en forma sumaria y sin ningún procedimiento legal y democrático, a los sospechosos de pertenecer o colaborar con la insurgencia, así como algunos delitos comunes, dirigidos por funcionarios desconocidos, civiles o militares, nombrados por el presidente. ​ Se juzgó a quince personas y fueron ejecutadas, Se enjuiciaron, además, a otras 582 personas que no fueron condenadas a muerte.

El general Óscar Mejía Víctores, ministro de la Defensa, obligó a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueran al Palacio Nacional ―que ahora ya se sabía que era la sede de los Tribunales de Fuero Especial― para que, finalmente, revisaran los documentos. Tras conferenciar con los jueces en el Palacio, los magistrados de la CSJ encontraron solo pequeños errores, y en consecuencia los sentenciados serían fusilados. Diez horas más tarde, los seis acusados ―Héctor Adolfo Morales López, los hermanos Walter Vinicio y Sergio Roberto Marroquín González, Carlos Subuyuj Cuc, Pedro Raxón Tepet y Marco Antonio González―, llegaban de madrugada al Cementerio General junto con el pelotón de fusilamiento de policías y ejército y el médico forense. El fusilamiento tuvo gran repercusión en Guatemala y en el mundo, porque ocurrió apenas unos días antes de la visita del papa Juan Pablo II a Guatemala, quien había pedido indulgencia para los condenados.

En la administración de Ríos Montt se manifestó la intención de realizar una apertura política que permitiera un gradual y controlado retorno a la democracia. Para el efecto se estructuró el Consejo de Estado, órgano consultor del Gobierno y encargado de preparar la legislación para la apertura democrática, presidido por Jorge Serrano Elías. El Consejo de Estado inició el debate político y, con la participación del 30 por ciento de consejeros mayas, entre ellos un ixil, propuso una total apertura política. El antiguo Consejo Electoral, en el que los partidos políticos eran juez y parte, se transformó en el Tribunal Supremo Electoral, juramentado por Ríos Montt en 1983. Se abrió el esquema electoral a la participación de la izquierda. Se enviaron delegaciones al extranjero para que los exiliados volvieran. Se iniciaron los primeros contactos informales con la guerrilla. En abril de 1982, en cadena nacional de televisión, Ríos Montt declaró una amnistía para que la izquierda subversiva dejara las armas.

Debido al excesivo gasto, corrupción y desorden que caracterizaron al régimen de Lucas García, y para resolver la situación financiera del país, propuso el aumento de impuestos, lo cual encontró la inmediata oposición del CACIF, cuyos dirigentes, después de una extensa negociación, accedieron a aceptar el IVA en un 10%.

Efraín Ríos Montt, a través de la televisión entraba abusivamente a todos los hogares los domingos en horas de la noche, para dar un mensaje “moralista”, el cual indignó a toda la población, porque no era la forma que se esperaba que hiciera gobierno, para algunos mezcló su ejercicio de gobernante con el de pastor de Iglesia evangélica.

El 8 de agosto el alto mando del Ejército tomó la decisión de relevar a Ríos Montt de la jefatura de Gobierno y asume el ministro de la Defensa, general Óscar Humberto Mejía Víctores, quien en efecto inició la transición hacia la democracia en el país. El hecho de que el golpe fuera dado por el ministro de la Defensa, de una manera institucional, que justificó declarando que el gobierno estaba siendo abusado por fanáticos religiosos, permitía solucionar las diferencias que habían florecido al interior del Ejército, y darle continuidad a la guerra; al mismo tiempo aplicar los correctivos necesarios para sacar adelante, con mayor éxito, la estrategia de la estabilidad nacional.

Gobierno de Óscar Mejía Víctores (1983 -1986)

El general se convirtió entonces en Jefe de Estado y justificó el golpe diciendo que «fanáticos religiosos» estaban abusando de sus cargos en el gobierno y también por «corrupción oficial».

El Gobierno de Mejía Víctores heredó la crisis económica que prevalecía. Emprendió la preparación de un nuevo proyecto de impuestos, que consistía en una readecuación del Impuesto sobre la Renta (ISR), y como una medida previa, en la reducción del IVA al 7%.

El 12 de agosto de 1983, tras un año y once días de existencia, el gobierno derogó la ley de los Tribunales de Fuero Especial, tras publicar el decreto-ley 93-83. Pero todo lo sentenciado por los jueces secretos, según decía la ley, debía quedar resuelto en menos de un mes y como ya no hay fusilamientos los procedimientos legales se enredaron. El 22 de agosto se publicó otro decreto-ley para mejor aplicación del anterior: el 99-83 y ya no se restablecieron penas anteriores al 8 de agosto, dictadas por los Tribunales de Fuero Especial.

Debido a la presión internacional, el general Mejía Víctores permitió un regreso gradual a la democracia. El 10 de julio de 1984 se celebró la elección para una Asamblea Nacional Constituyente, cuyos integrantes tendrían que redactar una nueva Constitución Democrática. Una vez electa, se hizo evidente la participación plural de nuevos partidos que desplazaron a los tradicionales. El 31 de mayo de 1985 se promulgó la nueva Constitución Política de Guatemala, se convocó a elecciones generales a celebrarse el 3 de noviembre de 1985, en la que participaron 12 partidos políticos con 8 candidatos presidenciales.

Fue el último gobierno militar de Guatemala en el siglo XX. Se restauró la “democracia formal”, poniendo fin a los regímenes militares, para darle paso a gobiernos civiles. ​ Entregó el poder el 14 de enero de 1986 en manos del ganador de las elecciones presidenciales, Marco Vinicio Cerezo Arévalo del partido Democracia Cristiana Guatemalteca, con la que se da inicio a la Tercera Era Democrática.

Continuará…