Una dictadura es sostenida por un ejército, que somete por la fuerza a la sociedad. Actualmente, el ejército, aprovechando la vocación autoritaria de los últimos tres gobiernos, se propuso recuperar el control político que perdió durante el proceso de la negociación y la firma de la paz, iniciando así una nueva militarización del Estado.

Fotografía de Esbin García

La utilización del Ejército, y sus estados de excepción, es una medida coercitiva para gobernar, manteniendo el dominio sobre la sociedad, suspendiendo las garantías y los derechos ciudadanos. Es decir, la fuerza de las armas y de la seguridad del Estado, para mantener el control político sobre la población, que, de otra manera, un gobierno impopular, no lo lograría, ante la impopularidad y desgaste político de sus regímenes, originado por las medidas impopulares y abusivas con las que han gobernado.

La militarización no es solo la presencia del ejército en las calles, significa también que oficiales de inteligencia asuman funciones en la administración y dirección pública. Colocando a sus oficiales y especialistas, dentro de casi todas las instituciones del Estado, principalmente las del Sistema de Inteligencia. Estos gobiernos han fortalecido a los castrenses con mayores recursos y presupuestos. Se cooptaron casi todos los cargos más importantes de la administración pública, imponiendo los métodos, doctrina y criterios militares para el funcionamiento orgánico de las instancias e instituciones, con lo cual impusieron su visión militar, como la forma de hacer política.

Se repiten las políticas que se mantuvieron durante el Conflicto Armado, cuando la inteligencia fue utilizada como un arma de represión, para conocer y reprimir las actividades de las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, partidos democráticos y vínculos internacionales

Durante la guerra, la militarización mantuvo la intervención y control militar sobre la vida social y política civil. Esto produjo la subordinación efectiva del poder civil al militar y la invasión de éste a las diversas esferas de lo público y social. La militarización fue determinante en el debilitamiento de la institucionalidad estatal que dio paso a la corrupción e impunidad. Incidió en la falta de confianza que la población en general siente con respecto a las instituciones y se ha vivido con la certeza de que el ejército ha detentado el poder real en Guatemala.

Fotografía de Esbin García

Los últimos gobiernos han fortalecido al ejército, asignándole funciones y actividades que no le corresponden, y por las que se hacen dobles esfuerzos y dobles presupuestos, como educación, salud, infraestructura, seguridad interna y otras. Alrededor de Jimmy Morales, estuvo la “Juntita de Gobierno”.  Documentos desclasificados, vinculan a estos militares en la participaron de masacres y desapariciones de personas en los años ochenta.  Los presidentes de entonces, solían gobernar con “juntas militares” que representaban los intereses de los grupos de poder, además le imponían al gobernante su Agenda de Trabajo, la cual vigilaban en su cumplimiento al pie de la letra. Algunos de los golpes de Estado, se produjeron cuando el presidente no quiso cumplir con dicha agenda.

La actual militarización, es respaldada por las ideas conservadoras de la oligarquía; por una industria que aún vive el sistema semi feudal y que no terminan de introducirse al capitalismo. Por la ultraderecha fascista, que invadió el país en 1954 y su ideología que se encuentra presente en la legislación, en el Congreso, la CSJ, la CC y en las instituciones gubernamentales. Por sectas religiosas fanatizadas, que pretenden dominar la conciencia de los guatemaltecos. Por un crimen organizado que ha cooptando los poderes del Estado. Por un sistema político diseñado para favorecer a los grupos económicos de poder y un sistema electoral que se ha descarado por fraudulento y determina la vida política del país.  Por un sistema bancario agiotista, hambreador, que lava el dinero del crimen organizado y tiene endeudada a la abrumadora mayoría de la población.

El sistema de inteligencia, de nuevo, se desvía de los propósitos para los cuales fue organizado, y regresa a servir de instrumento de las dictaduras. Según los Acuerdos de Paz  es: “responsable de recabar información para combatir el crimen organizado y la delincuencia común por los medios y dentro de los límites autorizados por el ordenamiento jurídico y en estricto respeto a los derechos humanos”. Para dirigir la “Inteligencia Civil”, el actual gobierno nombró al coronel José Luis Navas Herrera, lo cual es un indicador de la militarización y la destrucción del Poder Civil. Se destaca, que el crimen organizado no se investigará ni condenará así mismo.

Fotografía de Esbin García