El artículo 139 de la Constitución Política de la República establece que los Estados de Excepción serán regulados por la Ley de Orden Público, misma que data de 1965, habiendo sido puesta en vigencia durante un gobierno de facto y dictatorial y que tiene 56 años de existir, ello significa que se trata de una legislación obsoleta que fue creada para limitar los derechos de la población y para impulsar la lucha contrainsurgente.

La misma Constitución establece que los Estados de excepción pueden ser cinco: Estado de prevención, Estado de alarma, Estado de calamidad pública, Estado de sitio, y Estado de guerra, todos limitan en alguna medida los derechos garantizados en nuestra Carta Magna.

Recientemente el Ejecutivo intentó implementar un Estado de Calamidad Pública, sin embargo, el Congreso de la República no lo avaló, habiéndolo dejado sin efecto. Dicha figura está contemplada en la Ley de Orden Público de la manera siguiente “El Estado de calamidad pública podrá ser decretado por el Ejecutivo para evitar en lo posible los daños de cualquier calamidad que azote al país o a determinada región, así como para evitar o reducir sus efectos”, es verdad que en estos momentos se requiere de ciertos controles, para evitar de esa manera que la población continúe contagiándose de Covid-19, pero también es verdad que no necesariamente tiene que ser a través de la declaración de Estados de excepción.

Podría limitarse todo tipo de reuniones sociales, fiestas, conciertos, eventos deportivos y cualquier otro espacio en que haya aglomeraciones, incluso el toque de queda podría imponerse para garantizar que la población permanezca en sus viviendas o alejada del bullicio.

Cada día hay más víctimas del Covid-19, se incrementa el número de muertos por lo que urgen medidas, pero es importante que las mismas no sean politizadas y que cualquier compra que se haga de vacunas o medicinas sea realizada de manera transparente, para evitar seguir victimizando a la población que tanto está sufriendo.

Ejemplo de lo que se puede hacer, sería implementar hospitales de campaña en distintos establecimientos públicos que no están siendo utilizados en la actualidad, pero siempre y cuando se garantice el abastecimiento de medicinas, oxígeno y otros insumos.