La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República (CDHCR) está constituida en Comisión de Postulación para escoger una terna, de la cual el pleno del Congreso deberá nombrar a quien dirija la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) durante los siguientes cinco años.

El proceso se está desarrollando de manera poco comprensible, pues la CDHCR ha eliminado la tabla de gradación y con poco orden establecen requisitos que inicialmente no estaban contemplados. No hay que olvidar que están decidiendo a quien nombrarán para el cargo que dirigirá una de las instituciones del Estado más importantes y que por lo mismo debiera brindársele mayor atención.

No hay que olvidar que este es un esfuerzo porque haya pesos y contrapesos, pues la PDH constituye una pieza fundamental para el funcionamiento de la democracia. Eso significa que una persona sin los conocimientos y vocación apropiados fácilmente podría generar descrédito para la institución, que en medio de cuestionamientos ha mantenido el equilibrio hasta este momento.

La cantidad de personas que se han postulado para ocupar el puesto de procurador de la PDH, lo han hecho no precisamente por el alto salario y honorarios que devenga quien esté a la cabeza de la misma, sino por el poder político que se obtendrá, pudiendo favorecerse o favorecer a sus allegados.

El diputado Antonio Arenales del bloque Valor preside la Comisión de Derechos Humanos.

Por lo mismo es importante que la CDHCR asuma con la mayor seriedad posible el proceso de selección de la terna que será presentada al pleno, de esa manera será real que se logre rescatar a la PDH en lo que haga falta y mantener el trabajo en aquellos aspectos que son positivos.

Por los obstáculos y requisitos nuevos que se viene exigiendo a los candidatos, es posible que la CDHCR por su conformación y por la ausencia de oposición, pudiera estar preparando las condiciones para favorecer a una persona que sea afín al mismo Congreso o a grupos de poder.

Es urgente entonces que se haga transparente el proceso, que la población tenga conocimiento de la etapa en que se encuentra y que haya oportunidad de señalar anomalías que alguno de los candidatos pueda tener.