Los siniestros diputados de la bancada Valor, fueron a zampar el lunes a la  Dirección Legislativa, una iniciativa de ley que busca la extinción de responsabilidad penal por todos los crímenes cometidos durante el eufemísticamente llamado “conflicto armado interno”, los cuales por supuesto son crímenes de guerra y de lesa humanidad, el 90% (bajita la mano) ejecutados por el “Glorioso” y demás fuerzas represivas del Estado guatemalteco. La propuesta, que deberá ser leída en el pleno, tiene siete artículos que dan cólera a cualquiera que no sea una bazofia de ser humano.

Esta inigualable bagrada (que viola todos los convenios internacionales, y los derechos básicos escritos en nuestra constitución), garantizaría la impunidad de todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el 20 de noviembre de 1960 hasta su finalización con la firma de los Acuerdos de Paz, el 26 de diciembre de 1996. La infame “Ley de Consolidación de la Paz y Reconciliación” aplicaría a toda persona que participó directa o indirectamente en la guerra, ya sea como miembros, colaboradores o bajo instrucciones del Ejército y fuerzas contrainsurgentes, regulares o irregulares, así como miembros de las fuerzas insurgentes. 

Fotografía de Cristina Chiquín

Uno de los artículos dice que será anulada toda sentencia, resolución o disposición que contravenga el derecho a la impunidad de los perpetradores. La oscura propuesta de ley establece que todo criminal de lesa humanidad comprobado debería de ser puesto en libertad o quedar libre de toda medida cautelar o precautoria, penal o procesal. 

Según estos diputados esmerados en convertir a Guatemala en un paraíso de impunidad cada vez más consolidado, cualquier fiscal o juez que no cumpla con la maléfica ley, incurriría en el delito de desacato.

Esta propuesta de ley es una reacción ante la captura reciente de 12 chafas vinculados a los crímenes de lesa humanidad del caso “Diario Militar”, que registra la desaparición y tortura de 183 personas entre 1983 y 1985.