La democracia en Guatemala se encuentra en grave riesgo, los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen hoy una oportunidad histórica de ser garantes de la libre emisión del pensamiento. Todos los candidatos deben participar, sin que sea limitada su libertad de mostrar su recorrido de vida y propuestas ante la problemática nacional.

Me refiero, por supuesto, a la acción de Inconstitucionalidad planteada en contra de los artículos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que prohíben la participación de “posibles” candidatos en la vida pública nacional. Acción planteada por dos jóvenes y valientes mujeres auxiliadas por tres notables abogados constitucionalistas. Hoy la pelota está en la cancha de la Corte de Constitucionalidad y se les exige una pronta resolución, pues, si continúan con la estrategia de siempre de “patear bajo la alfombra” los expedientes incómodos, llegará el día de la elección y no habrán resuelto nada. Magistrados, actúen como en el caso de la Comisión de Postulación para Fiscal General, allí en 12 horas otorgaron el amparo provisional. Ya van 15 días desde que se planteó la acción de inconstitucionalidad y solo mutis, nada de nada. ¿Acaso van a rehuir su responsabilidad?

Los líderes políticos deben participar en asuntos públicos. La Ley Electoral y de Partidos Políticos debe obligatoriamente permitir que se expresen durante el periodo que no hay campaña electoral, debemos conocer cómo piensan, que han hecho de su vida y cómo enfocan la coyuntura. Nos fuimos de un extremo a otro, antes era excesiva la presencia y generó la antipatía contra la “campaña anticipada” y ahora nos ganamos una Ley Mordaza, exigiéndose que no emitan opinión o criterio de los asuntos públicos. Con mascarilla y bozal…

El conjunto normativo conformado por los artículos 94 bis y 223 de la Ley y el 62 quater de su Reglamento, imponen la sanción de no inscripción de la candidatura a quien emita opinión. Incluso se llega al extremo que el 62 quater amplia, sí, amplía más allá de la ley, las conductas prohibidas.

Estas normas son inconstitucionales al criterio de este Constituyente firmante de nuestra Constitución Política de la República y explico:

La sanción para el infractor consiste en denegar la inscripción de una candidatura, sin embargo, esto riñe con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que es parte de nuestra legislación según nuestra Constitución, ya que las sanciones solo pueden ser impuestas por un juez competente.

El artículo 223 inciso n, impone una censura previa y configura además un medio indirecto de censura para restringir el derecho de libertad de expresión en perjuicio de cualquier medio de comunicación o de cualquier persona que ejercite su derecho a la libre emisión del pensamiento expresando opinión. Además, se establece una censura no razonable ni tolerada por el artículo 31 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Contradice además los principios del derecho sancionatorio por omitir la tipificación clara y taxativa de cuáles son los sujetos y las actividades de la supuesta “propaganda anticipada”.

El articulo 62 quater del Reglamento es inconstitucional, ya que se aparta del texto de la ley y agrega otras conductas prohibidas y otros sujetos infractores, violando así los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica y jerarquía legal, además de permitir la aplicación del principio de interpretación analógica en materia sancionatoria al sancionar “otras actividades análogas” a la campaña electoral anticipada.

Considero este planteamiento de inconstitucionalidad como de “segunda generación” por cuanto que el parámetro de constitucionalidad propuesto a la Corte de Constitucionalidad nunca antes ha sido evaluado en materia electoral. Las normas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento no se adecuan a los estándares del derecho sancionador, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni a la interpretación jurisprudencial que de esta última ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ya veremos en cuanto llegue a la famosa Corte de Constitucionalidad como si se pone las pilas con el “acuerdo amistoso” entre el Estado de Guatemala y la candidata con prohibición constitucional y para mientras arrastrarán los pies en resolver la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de esa ley mordaza llamada Ley Electoral y de Partidos políticos.