Ya sabemos qué clase de personajes hacen mayoría en el Congreso de la republiqueta, y no es extraño que tengan prisa por juramentar a los magistrados electos para Corte de Constitucionalidad esta semana, ya que estos se perfilan como los personajes que darán el tiro de gracia a la entidad estatal que representa cierto equilibrio de poderes en contra de las intenciones absolutistas del Pacto de Corruptos. No importa tampoco si algunos magistrados electos tienen amparos por diferentes pero similares razones… Por ejemplo, Néster Vásquez no podrá asumir debido a que no ha renunciado por temor a que le apliquen la Ley de Herodes al momento de perder la inmunidad para poder juramentarse en el cargo; recordemos que se le ha estado demandando a la Inquisidora General de la República, (des)Consuelo Porras, que autorice los antejuicios pendientes en el caso “Comisiones Paralelas” de 2020.

Nester Mauricio Vásquez Pimentel junto al expresidente de la República, Jimmy Morales. Fotografía de Santiago Pujar

La noche del 9 de abril, autoridades indígenas presentaron un amparo constitucional en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la designación del magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad Roberto Molina Barreto, argumentando que no cumple con el requisito de no estar afiliado a un partido político, respaldando esto con una constancia emitida por el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, lo que afecta también su idoneidad para tomar el cargo, como lo establece la constitución del país. Barreto integró el conato de binomio presidencial para las elecciones de 2019 en que la hija de Ríos Montt se volvió a romper la rodía gracias a la prohibición constitucional de que hijos de exgolpistas tomen la guayaba.

Leyla Susana Lemus Arriaga, exsecretaría general de la Presidencia

El 7 de abril, el abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo en contra de la participación de Leyla Lemus la candidata a magistrada designada por el power Ejecutivo (Giammattei), aduciendo la falta de idoneidad de la secretaria general de la presidencia, ya que cuenta con una denuncia penal presentada por el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, señalándola de delitos de asociación ilícita, conspiración para el fraude, fraude, usurpación de funciones y abuso de autoridad en la participación de actos anómalos… Y bueno, quizás porque cuando el río suena es porque piedras lleva, el vicepresidente de la república decidió razonar su voto (o sea, votar en contra, pero constando en acta la razón de su voto) contraviniendo la decisión de Lord Masacre en Pavoncito.

Ahora, con respecto a la bronca de antejuicio sembrada contra Gloria Porras, la candidata a magistrada electa por el Consejo Superior Universitario (Usac), hay que recordar que Porras (pero no Consuelo), ha sido asediada con estos subterfugios legales por el Pacto de Corruptos, desde que ella y otros magistrados se opusieron a la decisión ilegal de Jimmy Moralejas de sacar a la Cicig y a Iván Velásquez mucho antes de que terminara su mandato en este triste país. Aunque esas medidas no trasciendan —por lo visto, mucho sustento no tienen—, parece que el Pacto de Corruptos aprovechará estas marufias jurídicas para que Porras no tome posesión del cargo esta semana.