SIN TAPUJOS

 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, (CSJ), con excepción de la magistrada Silvia García Vocal VII quien razonó su voto, resolvió retirarle la inmunidad al diputado Aldo Dávila y facultó al Ministerio Público (MP) para que lo investiguen por una sospechada agresión producida contra un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP a través de la Fiscalía de Delitos Administrativos injirió para quitarle el derecho de antejuicio al legislador Dávila, quien es señalado de haber cometido agresión física y verbalmente contra un agente de la PNC en una manifestación que se realizó en las afueras del Congreso de la República en septiembre del 2020. Pudimos observar las fotos y videos sobre cómo el congresista Dávila se acercó al policía y sí le gritó y quizá lo insultó, pero no se vio que hubiera cometido una agresión física, lo cual constituye una falta y no un delito como lo ha hecho aparentar la Fiscalía, desde donde se afirma que “la conducta del legislador podría catalogarse en la comisión de delito de abuso de autoridad, porque valiéndose de su cargo realizó actos arbitrarios en contra de un empleado público”.

El Código Penal (CP) en el Capítulo II De las faltas contra las Personas, en el artículo 482 establece que “Si el hecho no estuviere comprendido en las disposiciones del Libro Segundo del CP, será sancionado con arresto de veinte a sesenta días. El inciso 2º. Del mismo artículo reza que: “Quien, de palabra, impulsado por la ira, amenaza a otro con causarle un mal que constituya delito, por sus actos posteriores demuestre que no persiste en la idea con su amenaza”. Considero que por esa falta cometida por Dávila no era necesario llegar a esos extremos de quitarle la inmunidad, además que el MP nunca ha acusado por faltas.

Viendo la otra cara de la moneda, tenemos al diputado Jorge García Silva, del partido Prosperidad Ciudadana, afecto al partido oficial, ha sido vinculado por el escandaloso negocio en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), por las adjudicaciones para la compra de equipamiento y estaciones meteorológicas. Sobre este hecho delictivo, el MP a través de la Fiscalía Contra la Corrupción coordinó la captura de 18 sospechosos de integrar una red que adjudicó Q30 millones a empresas vinculadas al diputado García Silva, por lo que también pesan órdenes de captura en contra de su exesposa Mirtha Monterroso Bonilla y su hijo Jorge Eduardo García Monterroso, pero el MP hasta la fecha no ha presentado solicitud de antejuicio en contra del congresista.

La Fiscalía Contra la Corrupción que realizó una investigación en la oficina 1506 del Edificio Aristos lleva hasta el diputado García, pues ese inmueble pertenece al papá del congresista y servía como sede empresarial para siete sociedades anónimas proveedoras de los equipos para el INSIVUMEH, como igualmente para otras empresas que según la fiscalía sirvieron para blanquear el dinero obtenido de la presunta malversación en el Instituto.

También tenemos otro caso en que la fiscal general del MP, Consuelo Porras, sigue beneficiando los actos de abuso, pues recientemente la fiscal de Delitos contra la Vida Claudia Poma Valladares, quien conformaba parte del equipo multidisciplinario para investigar los sucesos de las manifestaciones del 21 y 28 de noviembre del año pasado, fue trasladada a la Fiscalía de Villa Nueva.

La fiscal Poma Valladares sugirió practicar diligencias de investigación para comprobar la probable responsabilidad en las revueltas de los mandos del Ministerio de Gobernación y de la PNC. También solicitó autorización para hacer un peritaje de cadena de mandos, y así establecer la participación y posible responsabilidad penal de lo que salieran señalados en las denuncias. El ministro de Gobernación, Gendri Reyes ha sido uno de ellos. La fiscal general nuevamente obstruye las diligencias que buscan llegar a la verdad de los hechos para proteger a los funcionarios inmundos.

La justicia es ética, equidad y honestidad. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Increíble, pero cierto, el sistema de justicia ha dejado de ser imparcial, está completamente podrido, beneficiando los actos ilícitos cometidos por las autoridades del actual desgobierno.