Debemos aprovechar esta crisis para proponer e impulsar cambios a las cosas que estaban mal, tanto en lo público como en lo privado.

Fotografía de Fernando Chuy

Ya muchos economistas hablan de no regresar a los errores del capitalismo prepandemia, por ejemplo, impulsando cambios en los sistemas de producción, creando mecanismos “verdes” para lograr una economía ambientalmente sostenible; o lograr una mejor armonía entre la visión empresarial y la visión laboral.

También se debe cambiar, la visión de lo público; del papel que debe jugar el Estado (gobierno) para satisfacer a una “nueva” sociedad, y para crearla. Ya hemos visto que la debilidad del Estado impulsada en las últimas décadas, provoca la incapacidad de respuesta para coyunturas como las que estamos viviendo en este 2020; incapacidad que también afecta al sector empresarial, a la clase media y por supuesto a los segmentos más vulnerables de la sociedad.

En este sentido, el gobierno debe adoptar una visión que dignifique y permita la participación activa de los ciudadanos(as), para que el Estado recupere su legitimidad y la ciudadanía recupere la confianza. Y en este sentido es fundamental retomar la discusión sobre la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP); una posible solución se basa en la elección de personas nuevas.

Es necesario y obligado entonces, repensar la forma en la que se escoge y elige a los candidatos. Si seguimos permitiendo que solo los partidos políticos, viejos o nuevos (reciclados por lo general) tengan el monopolio de las candidaturas, los mismos seguirán ocupando los cargos públicos y las cosas empeorarán cada día más.

Ya hay un proceso avanzado (CAME 2019); con más de 70 organizaciones sociales, políticas, y académicas y más de 1500 propuestas de temas que deben abordarse para mejorar: la participación ciudadana y el proceso electoral, en especial. El Tribunal Supremo Electoral tiene la oportunidad de utilizar este esfuerzo.

La gente está EXIGIENDO mecanismos de elección nominal y directa de los candidatos a diputados, candidaturas ciudadanas sin partido político (independientes) para dar cumplimiento al derecho constitucional de elegir y ser electo.

Discutamos una reforma, pero propongamos reformas de fondo (no solo de forma), orientadas a lograr una participación electoral más directa, más legítima y más representativa.