Se va el 2022, dejando un reguero de daños que culminarán en 2023 con lo que se cree será el último reventón, antes de la crisis social, política y económica más intensa que ha vivido el país en los últimos veinte años.

Los detonantes del deterioro paulatino ya estaban diagnosticados desde la “Firma de la Paz”, (firme y duradera) que acabó con el Conflicto Armado Interno en 1996. En el camino, se quedó el proyecto del cambio a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que derivó en un sistema plagado de financiamiento electoral con fines mercantilistas. Aún más grave fue la alianza con el narcotráfico y el crimen organizado que continúa controlando el contrabando en puertos y aduanas.

En la primera década de este siglo, se instaló la llamada CICIG con el fin de investigar y sacar a luz las estructuras de corrupción incrustadas en el gobierno. En paralelo, se inició la persecución en contra de militares acusados de participar en violaciones a los derechos humanos durante la guerra; fue como quitar la tapa de la Caja de Pandora. El lema de los grupos que buscaban justicia o resarcimiento fue, “ni perdón, ni olvido” y, con base en tratados internacionales, lograron iniciar varios juicios.

El Ministerio Público, al mando de Thelma Aldana, apoyada por Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG, destapó una olla de cangrejos en la que cayeron algunos empresarios corruptos y mercantilistas integrantes de CACIF; también, políticos y funcionarios financiados por reconocidos narcotraficantes o lavadores, algunos militares que desfalcaron a su misma institución y así, una serie de personajes con conexiones muy cercanas a los grupos de extrema derecha que pululan en círculos bastante cerrados. Cuando se creía que por fin se estaba limpiando la administración pública de tanto zángano arribista, un error de cálculo de quienes ostentaban el poder de coerción, hizo que la balanza se inclinara hacia el lado obscuro.

Fotografía de Esbin García

El presidente Morales, no fue capaz de separar su caso familiar, de los intereses de la nación. La CICIG se extralimitó al perseguir con más ahínco al hermano e hijo de Jimmy en tanto, el gabinete completo de éste hacía festín con los fondos públicos, desde un ministro de la Defensa que fue a parar preso por desfalcar la institución hasta un ministro de Comunicaciones al que le encontraron millones en una casa de Antigua Guatemala. Los errores de estas fuerzas antagónicas, los estamos pagando con creces y serán la causa de nuestra próxima crisis política.

En materia económica, el mercantilismo y bloqueo a la sana competencia comercial, continúa afectando la generación de empleo. Las extorsiones, estafas y delincuencia han paralizado a los emprendedores. El Ministerio Público, lejos de perseguir a los criminales, se convirtió en una entidad al servicio de las mafias, pero sobre todo, se convirtió en agente y promotor de la venganza en contra de todo el trabajo realizado por la Comisión y por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI.

El Presidente se alió con las mafias para poder gobernar. Sin empacho, pactó con un partido catalogado de narco, hizo alianzas con la “vieja política” y con la hija predilecta de las mafias que hoy se presenta a elecciones acompañada de verdaderos personajes tenebrosos del gobierno de Jimmy. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos saben de ciertos sobornos que involucran al presidente y sus más cercanos colaboradores. Además, su salud es incierta por lo que se cree que pronto rendirá cuentas ante la ley de aquí o del más allá.

En segundo plano, una fundación cuyo encono le ha llevado a sentenciar, “ni perdón, ni olvido” en contra de quienes encarcelaron a militares acusados de crímenes de lesa humanidad. Este grupo, apoyado por otras asociaciones reaccionarias, decretaron el enjuiciamiento de todo aquel que se relacionó con la CICIG, la FECI, o fue colaborador en las investigaciones. De esa cuenta, los casos se caen uno tras otro, en tanto los operadores de justicia, antes admirados por su tenacidad en perseguir a los corruptos, son procesados por delitos espurios y sentenciados por jueces corruptos. El guatemalteco promedio no tiene idea de los millones que se negocian bajo la mesa para obtener fallos favorables, conmutar penas, dar medidas sustitutivas, rebajar fianzas.

Fotografía de Carlos Alonzo

La injusticia es, casi siempre, el detonante más peligroso para las crisis sociales que destruyen las democracias. Quienes hoy se creen poderosos, pronto caerán en desgracia como consecuencia de sus excesos, tal como pasó con quienes antes ostentaron el monopolio de la ley y la justicia. El péndulo jamás se queda en un extremo de su trayectoria. El péndulo busca el equilibrio, pero rara vez encuentra su centro. Al grito de, ¡Ni perdón, ni olvido! Los grupos antagónicos se autodestruyen y con ellos, destruyen lo poco que va quedando de país.