Uno de los retos que enfrenta el mandatario, consiste en mejorar su imagen y sobre todo la del país en el ámbito internacional. Guatemala es una nación altamente dependiente, que, aunque en apariencia declaró su independencia hace 200 años no puede darse el lujo de caer en el ostracismo porque una sanción podría provocar una crisis económica de la cual no sería fácil salir.

Guatemala requiere de las relaciones diplomáticas, sobre todo de las comerciales. La primera de ellas para no ser aislado y eventualmente calificado como un país que se asemeje a lo que el mismo mandatario ha criticado, esto se puede lograr manteniendo buena relación con el resto del mundo, de esa manera podrá ser beneficiado con donaciones humanitarias y de fortalecimiento institucional que ascienden a varios cientos de millones de dólares o de euros anualmente.

No hay que olvidar que la economía guatemalteca depende de esas aportaciones gratuitas, que sabiendo que se pueden producir anualmente, son incluidas dentro del presupuesto anual, previendo que pueden llegar a más del 25%. Además, esa relación con otros países es la que permite que el flujo de remesas alimente la economía nacional con casi el 20% del Producto Interno Bruto.

La segunda o sea las relaciones comerciales tienen especial importancia, debido a que una sanción podría poner en peligro el abastecimiento de productos de primera necesidad como combustibles y otros insumos que provienen del exterior por no se producidos internamente. La materia prima al escasearse podría provocar una escalada en los precios, que afectará a la mayoría de la población.

Como ya dije anteriormente, entonces el reto que tiene el gobierno debe ser el establecimiento de los mecanismos que permitan mejorar la imagen del país a nivel internacional. Como recuperar esos espacios que se han venido perdiendo debido a decisiones que son cuestionadas por los gobiernos de otros países.

Esos espacios pueden ser recuperados con mensajes que podrían ser enviados a nivel internacional, como que por ejemplo fortalecer la lucha contra la impunidad, que se garantice que los activistas sociales dejen de ser criminalizados o que los grupos pro impunidad sean alejados de las decisiones de Estado por el daño que pueden provocar al promover el odio.

En las manos del gobernante está el impulsar cambios, mismos que pueden ayudar al país y a él mismo.