PARTICIÁCIÓN POLÍTICA

La ciudadanía plena de la población indígena es un desafío aún inconcluso para Guatemala, que para el caso de las mujeres indígenas se convierte en una doble categoría de discriminación. La participación política de las mujeres indígenas no sólo se ve afectada por la invisibilidad del sistema electoral, sino también por la discriminación étnica y la propia cultura y cosmovisión que infravalora y relega los aportes y la misma presencia de las mujeres en las decisiones comunitarias como ámbito de singulares y desiguales pactos sociales.

Tanto la institucionalidad del propio Estado y otros mecanismos de participación, como los partidos políticos, reflejan la escasa consideración e inclusión de la presencia demográfica de la población indígena en los espacios de poder y toma de decisión, subvalorando, a su vez, la diversidad étnica del país e invisibilizando la identidad cultural de los pueblos indígenas y sus experiencias concretas. La exclusión se reproduce en todos los ámbitos, incluyendo la propiedad de la tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, a la justicia, la participación en las instancias de toma de decisión y en las instituciones del Estado, y representación en los mayores medios de comunicación y en el debate público.

Guatemala, un país donde casi la mitad de la población pertenece a pueblos indígenas, la subrepresentación política de estos da cuenta de un sistema democrático incompleto. Desde el análisis de género, el hecho de que la agenda política sea liderada desde una concepción ‘occidental’ pone de relieve, además, que las necesidades e intereses específicos de las mujeres indígenas no están siendo considerados, dando lugar a políticas públicas ciegas a los pactos simbólicos e imaginarios sociales a los que se ven sometidas encasillándolas en relaciones desiguales de poder. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017:36)

Fotografía de David Toro

En términos de representación política, las cifras reflejan la discriminación de las mujeres indígenas y la casi nula posibilidad de lograr incidencia en la toma de decisiones. Los sesgos representativos de género advierten que las mujeres indígenas no gozan de igualdad de oportunidades para acceder a los espacios de poder e instancias decisorias al tiempo que las desigualdades estructurales por el hecho de ser mujeres se profundizan por ser indígenas y pobres.

En 1986 es elegida como Diputada Nacional la primera mujer indígena, la Sra. Ana María Xuyá Cuxil, y 29 años después la representación femenina proveniente de pueblos originarios no ha variado. En 2015, nuevamente es solo una mujer indígena la que integra el Congreso de la República, lo que representa un exiguo 0,7%, un retroceso importante por cuanto en las elecciones generales de 2011 fue tres las mujeres indígenas electas como diputadas. En la actual legislatura de 31 mujeres diputadas únicamente tres son indígenas. Considerando las discriminaciones y restricciones a las distintas esferas de participación y poder, si para una mujer llegar al Parlamento es muy difícil, para una mujer indígena llegar representa una odisea.

* Extraído del documento: UNA MIRADA HACIA LA PARIDAD DEMOCRÁTICA, ONU mujeres 2018.