El problema de realizar ejercicios de fiscalización y auditorias sociales a planes, programas, políticas públicas y proyectos, es que siempre estas prácticas son percibidas como una amenaza a la estructura de poder que se ejerce desde el gobierno central y los gobiernos locales o municipales.

A pesar de existir todo un fundamento legal que promueve y garantiza la participación ciudadana, parece ser que a las personas que ostentan cargos públicos se les olvidan sus atribuciones y obligaciones.

El Código Municipal en el artículo 53.- Atribuciones y obligaciones del alcalde, en su inciso d) establece lo siguiente: “Velar por el estricto cumplimiento de las políticas públicas municipales y de los planes, programas y proyectos de desarrollo en el municipio”.

Fotografía de Simone Dalmasso

La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, en el artículo 13.-Funciones de los Consejos Municipales de Desarrollo, en su inciso e) establece lo siguiente: “Garantizar que las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo del municipio sean formulados con base a la necesidad, problemas y soluciones priorizadas por los Consejos Comunitarios de Desarrollo, y enviarlos a la Corporación Municipal para su incorporación en las políticas, planes programas y proyectos de desarrollo del departamento.

Y, por último, pero no menos importante cito esa misma Ley en el artículo 19.-Fiscalización social “Las comunidades organizadas conforme a la ley, tendrán facultad para realizar la auditoría social de los programas de descentralización que se ejecuten en sus respectivas localidades y en los que tengan participación directa, ya sea en el ámbito municipal, departamental, regional o nacional. En caso necesario, solicitarán a la Contraloría General de Cuentas la práctica de la auditoría que corresponda, cuyos resultados deberán serle informados dentro del plazo de treinta días, contando a partir de la fecha en que ésta concluya.

En el departamento de Suchitepéquez existen 4 políticas públicas en el contexto de niñez y adolescencia, las cuales en su mayoría pasaron a ser engavetadas. También se han realizado 3 auditorías sociales, las cuales visibilizan y expresan algunos hallazgos sobre el cumplimiento de la inversión en niñez y adolescencia.

Si las y los funcionarios públicos comprendieran que lo más relevante de las auditorías sociales son las RECOMENDACIONES, se realizaría un trabajo colectivo y participativo que garantizaría el estricto cumplimiento de la inversión pública conforme a las necesidades y prioridades de cada contexto, y no apuntarle únicamente a la obra gris, la cual se ha convertido en un negocio corrupto y perverso para beneficio personal.

El panorama político electoral comienza a pintarse con tintes de corrupción que siguen manchando el desarrollo social, siendo la niñez una población olvidada y utilizada como objeto para las campañas proselitistas.

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derecho, por lo tanto, es deber del Estado hacer valer sus derechos y garantizar un desarrollo integral y una vida digna.