Luego de que el Estado de Guatemala se sacudiera el muerto de la responsabilidad por posibles efectos secundarios de las vacunas que donará el imperio yanqui, y de las adquiridas mediante el bisne del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX por sus siglas en gabacho), este jueves el Ejecutivo, o sea, el presidente de los 57 salarios mínimos mensuales y su séquito de hampones, tras varios días viendo qué carambas hacer, optó por ir a chillar al Congreso de la república bananera y presentar una iniciativa de ley para regular los aspectos relacionados a la exención de responsabilidad.

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) mandó decir en una nota de prensa que la iniciativa se planteó porque los distintos fabricantes de vacunas imponen una serie de requisitos para concretar la venta de sus dosis. Así como los fabricantes no se hacen responsables porque en unos años los niños empiecen a nacer con tres ojos, el gobierno de Guatemala, en un viso de inteligencia quiere hacer esta medida legislativa para hacer visible que no tiene responsabilidad en los efectos adversos que pueda tener la vacuna, y, por supuesto, hacer legal su exención de responsabilidad.

La mera verdad es que es cierto que no se puede culpar al gobierno por los efectos secundarios que pueda tener una vacuna que, recordemos, sigue siendo experimental dada la premura de la pandemia. Sin embargo, los requisitos planteados por las farmacéuticas en cuestión, incluyen que se designe una autoridad o dependencia pública dentro de los Estados compradores, que se encargue de analizar, investigar y dictaminar esas reacciones, además de establecer un régimen de compensación… Cosa que, conociendo a nuestros funcionarios, el gobierno de Guatepior haría a medias y de mala gana.

La Presidencia dijo que todo lo referente a las medidas de la iniciativa del proyecto de ley estará a cargo de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Fotografías de Noé Pérez

La iniciativa de ley contempla que exista un mecanismo de compensación a las personas afectadas por graves efectos secundarios: “Esta compensación no será aplicable en los casos en que el evento sea resultado de la conducta fraudulenta intencional de la persona afectada”.

Sería obligación del MSPAS crear el “Comité de Evaluación de Reacciones Adversas Serias a las Vacunas”, que se encargue de las investigaciones y dictámenes correspondientes a cada caso en concreto; por ejemplo, si las malas reacciones son atribuibles o no a la vacuna: “con el objeto de establecer si tales circunstancias deben ser compensadas a través del mecanismo de compensación o no aplica”, agregó la Comunicación Social de la Presidencia.

Por su parte, la directora de la Agencia de los Estados Unidos para el (sub)Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power, mandó decir hace más de una semana que es urgente que el Estado asuma la responsabilidad de los posibles efectos secundarios de vacunas producidas por farmacéuticas estadounidenses, si es que queremos recibir el donativo de 500 mil dosis del Imperio.

Samantha Power, mandamás de Usaid.