A 25 años de haber finalizado el Conflicto Armado Interno, cientos de exmilitares guatemaltecos, bloquearon este lunes 21 de junio varias carreteras del país como medida de presión, y exigieron un resarcimiento individual de Q120 mil, por su intervención en el conflicto que duró 36 años. Pretenden que se apruebe de urgencia nacional en el Congreso, la iniciativa 5664 presentada por la excongresista de TODOS, Victoria Hernández Pérez, y el actual diputado y subjefe de bloque, Felipe Alejos, para la compensación económica por la prestación del servicio militar.

Cuando Alejandro Giammattei estaba en su campaña electoral, demagógicamente les prometió a los exmilitares y ex patrulleros, que, si el Congreso de la República no aprobaba una iniciativa de ley para resarcirlos, el personalmente la aprobaría. Parece que el actual mandatario no conoce exactamente el procedimiento de la formación y sanción de la ley.

Los manifestantes también se quejan de la manipulación que hizo el actual mandatario, porque ha incumplido sus promesas de campaña. Los inconformes aseguran que el presidente Giammattei afirmó que los militares veteranos recibirían el pago de resarcimiento por sus servicios, igualdad ante la ley, una casa, parcelas para ser trabajadas y proyectos de desarrollo en sus comunidades. Pero hasta el momento no lo ha cumplido. Indican que también los actuales diputados jugaron en la campaña política con los veteranos, al ofrecerles iniciativas de ley para su resarcimiento. Los candidatos militaristas los han utilizado como fuerza electoral, ofreciéndoles lo mismo.

El servicio militar, al igual que otros servicios prestados dentro de la institución militar, necesariamente tiene una remuneración, la cual finaliza cuando el soldado es dado de baja. En el caso de los expatrulleros, no se estableció ninguna relación laboral con el Estado, por lo tanto, este no tiene ninguna obligación. Su obligación si es con los oficiales del ejército cuando pasan a formar parte de las clases pasivas. En ese sentido, los manifestantes están exigiendo algo que a todas luces es ilegal, e indica que atrás de esas supuestas demandas, se encuentra la manipulación de varios politiqueros y diputados demagogos y oportunistas, que están utilizando las necesidades de los exmilitares, porque el monto de sus demandas, es impagable, porque representa casi el presupuesto de la nación.

Según la iniciativa de ley, el Estado debe reconocer el servicio prestado por los ex soldados, y a los cuales no se les otorgó ningún beneficio. Y es que, con el fin de la guerra, a nadie se le otorgó ningún beneficio. Las fincas que obtuvieron los exguerrilleros que se desmovilizaron, no fueron donadas o regaladas por el gobierno. Los ex combatientes han tenido que trabajar a brazo partido para pagar la deuda a los bancos, lo que ha representado más de 20 años para pagar la finca y tener un patrimonio. Los guerrilleros urbanos que se desmovilizaron, tienen una profesión y un trabajo con el cual sobreviven. Lo importante a destacar, fue que ningún ex guerrillero cayó en la delincuencia como habían vaticinado los militares y detractores.

Fotografía de Jean-Marie Simon

En esta oportunidad, con la paralización del país por pate de los ex militares, no se pronunció el CACIF condenando las pérdidas millonarias en “su economía”, como sí sucede cuando los sectores populares e indígenas salen a manifestar. Se destaca entonces la complicidad de los empresarios, y la organización de exmilitares, en la utilización de las necesidades de los exsoldados. Se debe indicar que el Estado de Guatemala fue fundado por los oligarcas, de acuerdo a sus necesidades económicas y políticas, que como grupo económico de poder, lo siguen manejando y del cual se benefician.  El ejército representa el poder militar del Estado o de los ricos del país. Por esa razón el compromiso de los ex soldados debe ser desde los empresarios. Esos han utilizado al ejército para los golpes de Estado, mantener sus dictaduras, desarrollar sus aventuras políticas, y fueron los que financiaron la guerra, para que no se produjera ningún cambio en el sistema conservador y atrasado. No representa entonces ningún beneficio para la sociedad, y seguirán utilizando la institución amada como instrumento de sus intereses.

Al finalizar el Conflicto Armado Interno, los empresarios y oligarquía no asumieron la responsabilidad por los crímenes de guerra. Le endosaron a “su ejército” las grandes violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. Ahora, con las movilizaciones, tampoco tienen ningún proyecto para resarcir a sus soldados. De esa manera, se seguirán beneficiando del manejo y manipulación de su Estado.

El conflicto armado interno tuvo un costo social no proporcional en América Latina. En Guatemala dejó un saldo de 250.000 muertos y 45 mil desaparecidos, además de más de un millón de desplazados, con apenas una población que en el auge de la guerra contaba con 7 millones de habitantes.