Es sabido que nuestro territorio está siendo gobernado por un grupo de cárteles que presionan por sus intereses. Quienes dirigen estos cárteles denominados asociaciones, cámaras, gremiales, ONG, sindicatos, Congreso y otros tipos de asociaciones civiles, religiosas o comunitarias, son personas que ostentan cierto poder que las hace inmunes a la acción penal.

El sector sindical se caracteriza por pactar apoyo político al gobierno de turno a cambio de acceder a la firma de pactos colectivos abusivos. Se puede decir mucho de la forma en que sus dirigentes se benefician de la corrupción dentro de las instituciones; a cambio, se jactan de conseguir bonos, aumentos salariales y tiempos de ocio desmedidos.

Si nos fijamos en el sector político, la alianza oficialista en el Congreso es un buen ejemplo de cártel del mal. Constantemente amenaza los derechos civiles en su necedad de aprobar leyes que les permitan evadir la acción legal o la fiscalización de fondos públicos.  El Cartel del Organismo Judicial, del MP y de la Corte de Constitucionalidad fueron cooptados por un cártel más grande y poderoso llamado Ejecutivo, una estructura que teje fino, capaz de manipular a los alcaldes y diputados, aprovechando el control que ejerce sobre la Contraloría General de Cuentas, con el apoyo de fiscales, jueces y magistrados afines al oficialismo.

El cártel religioso no se queda muy atrás, dado que ostenta el poder coercitivo de la fe. Su ventaja radica en su no fiscalización y exoneración de impuestos. Sin embargo, están presentes en la toma de decisiones. Algunas iglesias apoyan abiertamente el combo de leyes que intentan aprobar de forma acelerada.

Es inquietante el proyecto de ley que autoriza al Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos para que salga al rescate de cualquier institución bancaria privada si llegara a necesitarlo. El Estado cada día está más controlado por los cárteles. Otras leyes nocivas para la protección del patrimonio histórico y natural y para la protección de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de Guatemala son promovidas para la protección de intereses privados. De allí que el cártel empresarial tiene gran interés por continuar apoyando al gobierno corrupto; al cabo, todos los funcionarios roban y es “normal”, dicen. De esa cuenta el cártel empresarial presiona por medio de sus Cámaras y sus más de 60 delegados en instituciones clave donde pueden tener injerencia. El sector empresarial ha contribuido a la inestabilidad de la incipiente democracia. Sus tentáculos abarcan a muchos sectores económicos y tienen participación directa en la toma de decisiones del gobernante, dada su condición de financista de campañas electorales.

Hay cárteles que son más obvios debido a su naturaleza delictiva. Son dirigidos por el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas. La poca efectividad para perseguir la delincuencia está provocando una alarmante criminalidad, una de las razones de la creciente migración.

Se acercan las elecciones y justo ahora pretenden aprobar enmiendas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. La pretensión es aumentar el techo de campaña, mantener en secreto los nombres de sus financistas y legalizar el transfuguismo. Este bombardeo de proyectos de ley en su mayoría inconstitucionales, crean cortinas de humo para distraer, mientras se disponen para aprobar el presupuesto desfinanciado de 2023 que, convenientemente, financiará las campañas de ciertos candidatos aliados al oficialismo.

El cártel empresarial tiene a su candidata favorita, pero es probable que los intereses del actual gobernante se interpongan en su camino. La “vieja política” ha sido debilitada. Otros candidatos de centro vienen rezagados o tratan de convencer con propuestas populistas. Los partidos de centro izquierda hacen intentos desesperados por aglutinarse. Pero, el cártel del partido oficial se siente confiado de coaccionar a un buen número de alcaldes y diputados para que se unan a la causa de continuar el saqueo por otros cuatro años.

El partido VAMOS está desplegando toda una campaña anticipada para lograr su objetivo. Los candidatos que, se rumora, podrían aspirar a la presidencia, son poco conocidos y carentes de gracia. En la televisión abierta, afín al gobierno, se ha estado promocionando a personas que posiblemente correrán por algún partido satélite. Por ahora, no se sabe quiénes pagan esa propaganda. Es posible que más adelante salgan a luz las intimidades de lo que sería el fraude electoral del siglo, cuando todos los cárteles se unan para colocar a un nuevo títere en la presidencia.