Por Salazar Ochoa
Hoy fue publicado por el Diario de Centroamérica el decreto 10-2019 del Congreso de la República, Ley de Aceptación de Cargos. Las reformas al Código Procesal Penal permiten la reducción de condenas en hasta el 50 por ciento a delincuentes que admitan responsabilidad en casos penales.
…la aceptación de cargos es un procedimiento especial, mecanismo anticipado de salida al proceso penal, que no riñe con los derechos, garantías y principios reconocidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y los tratados Internacionales ratificados por Estado, así se justifica el decreto Número 10-2019.
¿En qué consiste la aceptación de cargos?
El sindicado en un proceso penal podrá ser beneficiado con una medida de aceptación de cargos, es decir, tiene derecho a declararse culpable de la imputación o acusación que el Ministerio Público le formule. La persona ligada a proceso podrá aceptar los hechos hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia y así obtener un beneficio de reducción en las penas muy significativo (de hasta el 50%).
Indagador SVC conversó con dos analistas políticos: Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas y Luis Fernando Mack de CONAREP para conocer sus perspectivas respecto a esta estrategia del gobierno.
Indagador SVC: ¿Qué podemos esperar de este tipo de reformas en el código procesal penal?
Álvaro Montenegro: Esto abre una puerta para que se dé un recambio de

Álvaro Montenegro de Alianza por las Reformas. Foto: Archivo
impunidad. Algo que es muy preocupante es que le da al juez la posibilidad de decidir qué delito está aceptando. Entonces, una persona que está imputada por lavado de dinero puede aceptar un delito mucho menor, y si el juez está a favor de eso se cambia totalmente el delito que el Ministerio Público está promoviendo.
Indagador SVC: ¿A quiénes benefician este tipo de modificaciones en la ley?
Es para ellos ¿Por qué otros motivos van a querer aprobar ese tipo de leyes en estos momentos? Se trata de un acuerdo entre FCN -NACIÓN y muchos diputados de la UNE también.
Es prácticamente una versión más sofisticada del denominado Pacto de Corruptos del 2017, pero al final los efectos son prácticamente los mismos.
Indagador SVC: ¿Cómo podemos interpretar estos cambios?

Luis Fernando Mack de CONAREP. Foto: Archivo
Luis Fernando Mack: Esta gente está aprovechando las últimas horas de su mandato para hacer de las suyas, lo cual es terrible porque personifica muy bien lo que han hecho a lo largo de estos cuatro años.
Es un muy mal mensaje porque siempre lo hacen a espaldas de la ciudadanía y contraviniendo las reglas vigentes de transparencia. Ojalá que el nuevo gobierno no siga esos caminos.
Indagador SVC: El panorama parece bastante desalentador con el próximo gobierno y es probable que este tipo de maniobras oscuras les sirvan de escuela para hacer las cosas peor. ¿Usted cree que esto es parte de una estrategia bien pensada o es simplemente el actuar de gente voraz?
Luis Fernando Mack: Acuérdese del contexto en el que estábamos: una lucha contra la corrupción en donde durante algún tiempo se mantuvieron con cautela, pero ahora como ya no hay una fuerza… la CICIG ya se fue, la sociedad civil está debilitada, la misma embajada de Estados Unidos pues no tiene la cooperación de antes. Yo creo que están mandando el mensaje de aquí el reino es de ellos y hacen lo que se les dé la gana. Ojalá el nuevo gobierno no siga esas mañas, pero hay muchos indicios de que eso va a hacer.
Habría que verlo a partir de dos hipótesis: 1. Están aprovechando sus últimos momentos porque hay un cambio o 2. Mandando un mensaje de que esta es la tónica del nuevo gobierno. Planteo esos dos escenarios para exhortar al próximo gobierno de que no siga ese camino.
Entrará en vigencia en un mes
El decreto fue trasladado al presidente de la República, Jimmy Morales el 3 de diciembre del año en curso. Morales decidió firmar la nueva ley por lo que esta entrará en vigencia a partir del 16 de enero del 2020, dos días después que él deje la presidencia.