Los diputados de la IX Legislatura incluyeron Q750 millones adicionales al sector justicia dentro de la propuesta de Presupuesto 2023, destinados para el mejoramiento de las capacidades institucionales, con el objetivo que los guatemaltecos tengan acceso a una justicia pronta y cumplida.

La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, que tuvo a su cargo el análisis y discusión de la iniciativa 6135, proyecto de ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, en su dictamen aumentó la propuesta inicial del gasto por más de Q1 mil 637 millones, de los cuales, cerca del 50% del aumento está destinado para mejorar el sistema de justicia.

En la distribución de este presupuesto extraordinario se incluyen al Organismo Judicial (OJ), Q125 millones a la Corte de Constitucionalidad (CC), Q200 millones al Ministerio Público (MP) y Q20 millones a la Oficina Nacional Contra la Tortura; que hace un total de Q745 millones.

El aumento al presupuesto del Organismo Judicial ayudará en la implementación de los Decretos que se aprobaron en el 2022, tales como el Decreto 7-2022, reformas a la Ley de la Carrera Judicial, con el que se recuperó una serie de atribuciones en su calidad de ente que rige la justicia en Guatemala; el Decreto 12-2022, de reformas a la Ley Reguladora de las Notificaciones por Medios Electrónicos, con el que se dio un salto hacia la modernización de los procesos judiciales.

También el Decreto 13-2022, Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales, que permite el uso de tecnología electrónica para cualquier proceso judicial y el Decreto 47-2022 que contiene reformas al Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil y Ley de Tribunales de Familia, con el afán de continuar con la actualización de normativas vigentes para garantizar que la justicia sea pronta y cumplida en Guatemala,

En tanto, el MP tendrá un aumento de Q200 millones con el fin de ejecutar los Decretos aprobados en el 2022, tales como el Decreto 11-2022, que contiene reformas con relación a los delitos cometidos en contra de la Niñez y Adolescencia a través de Medios Tecnológicos.

La normativa añadió el Artículo 190 Bis al Código Penal, para tipificar el delito de seducción por el uso de las tecnologías de información a niños, niñas y adolescentes, con penas de seis a 12 años de prisión a quienes utilicen cualquier ardid, engaño, argucia, presión o amenaza, para contactar a un menor o por una tercera persona, con la finalidad de que le envíe material con contenido sexual o pornográfico.

Por parte, la Corte de Constitucionalidad le fueron destinados Q125 millones, adicionales a los Q246.6 millones que asignó el Ejecutivo en la propuesta original, para fortalecer las capacidades al personal, la adquisición de materiales y suministros; extensión de las propiedades, planta, equipo e intangibles y transferencias corrientes, entre otros. El presupuesto del máximo órgano en materia constitucional en el 2022 fue de Q146.6 millones.

En tanto, la Oficina Nacional Contra la Tortura se plantea un aumento de Q20 millones, para continuar con la prevención contra la tortura de la integridad física y mental de las personas privadas de libertad guatemaltecas.

El Congreso de la República recibió el 1 de septiembre la propuesta de presupuesto para 2023 por parte del Organismo Ejecutivo, y según nuestra legislación se establece como fecha límite para su aprobación, el 30 de noviembre de cada año.