Las dictaduras no respetan los Derechos de los Ciudadanos, además de cometer continuas ilegalidades y violar la Constitución. Tampoco respetan los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, pasando por encima del Estado de Derecho, cometiendo arbitrariedades y abusos. Haber llegado a la presidencia por medio de elecciones, no garantiza que ese régimen sea democrático.
Fotografía de Danilo de Jesús Ramírez
Los primeros actos de una dictadura, es garantizar el uso del Poder Coercitivo, entendido este, como la capacidad de imponer su dominación política mediante el uso de la fuerza, lo que incluye, reprimir las expresiones de oposición y disenso al orden establecido, e imponer obediencia. Ese es el sentido que tienen los proyectos de ley presentados por la alianza gobernante en el Congreso. El Decreto 39-2022, sería una ley mordaza que no permitiría a la sociedad hacer las justas demandas al Estado, so pena de ser criminalizada. La otra sería la que permite el fortalecimiento del Ejército y Policía para reprimir a la sociedad.
La aplicación sistemática de medidas coercitivas, desde la amenaza, suspender las garantías ciudadanas, aplicar la violencia física, hasta llegar a cometer Crímenes de Lesa Humanidad, ha sido en Guatemala, uno de los recursos centrales de los gobiernos autoritarios para garantizar sus intereses frente a la sociedad. Todo gobierno autoritario, procura alcanzar el monopolio del uso de la fuerza dentro de la sociedad como garantía de su dominio. Sin embargo, es evidente que el recurso del poder coercitivo como medio exclusivo para la dominación por la fuerza no es suficiente, porque provoca un desgaste político continuo, que afecta los intereses mismos de esa dominación.
Esas medidas coercitivas requieren de un aparato estatal para la aplicación de la fuerza. Es el papel que los grupos de poder le han asignado al ejército y policías. No por gusto, el ejército en Guatemala, cumple también funciones de seguridad interna, papel que debería jugar solo las fuerzas policiales. Es la razón por la cual, se están proponiendo nuevas leyes, para fortalecer al ejército y que tenga la potestad “legal”, de hacer uso de la fuerza contra cualquier manifestación que sea calificada de “amenaza” al Orden Público. Es decir, la fuerza de las armas y de la seguridad del Estado, para mantener por la fuerza el control político sobre la población, que de otra manera no podrían ganar su aceptación.
Se está produciendo un proceso de militarización, el cual no es solo presencia del Ejército en las calles, se incluye aquí, la presencia de oficiales de inteligencia asumiendo funciones y dirección dentro de casi todas las instituciones del Estado. Se cooptaron casi todos los cargos más importantes de la administración pública, imponiendo los métodos, doctrina y criterios militares para el funcionamiento orgánico de las instancias e instituciones. Pero el mayor logro militar fue el control de la sociedad por medio del aparato estatal, subordinado al Alto Mando Militar. Un régimen, donde el alto mando del Ejército, poderes fácticos y el crimen organizado, de nuevo, toman las principales decisiones políticas, donde la violencia y corrupción se convierten en los ejes de esa dominación.
Fotografía de Danilo de Jesús Ramírez
El regreso a la militarización del país, se produce por la insistencia de las fuerzas castrenses, de mantener sus privilegios elitistas, que según ellos “deben recuperar”, después que los perdieran con la firma de la paz. Esto, frente a una sociedad que siempre fue sojuzgada por gobiernos militares, con políticas autoritarias y dictatoriales. Esas prácticas, constituyen herencia de las dictaduras y del Estado autoritario. En todo caso la oligarquía y grupos del poder económico, proponen regresar a ese Estado en que se consolidaron como fuerza económica dominante; sin derechos humanos que respetar; con fuerzas represivas y de seguridad a su servicio y sin ningún control y fiscalización ciudadana a quien rendir cuentas.
El Ejército y sectores políticos comprometidos con ese proyecto dictatorial, se han apoderado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como instituciones claves del Estado, con lo cual estaría completo el proyecto, pretendiendo darle continuidad, en los sucesivos gobiernos, mientras se consolida el aparto económico y militar de esa dominación.
Durante el Conflicto Armado, la militarización mantuvo la intervención y control militar sobre la vida política y social del país. Esto produjo la subordinación efectiva del poder civil al militar y la invasión de éste a las diversas esferas de lo público y social. La militarización fue determinante en el debilitamiento de la institucionalidad estatal, porque fue el soporte de la impunidad, de la corrupción y de la cooptación del Estado por el Crimen Organizado. Se ha vivido con la certeza de que el Ejército ha detentado el poder real en Guatemala y las leyes represivas que se debaten en el Congreso, constituyen un regreso a las oscuras y sangrientas dictaduras, ya vividas y sufridas por los guatemaltecos.
Fotografía de Danilo de Jesús Ramírez
