En Consejo de ministros, se aprobó el estado de Calamidad, con vigencia hasta el 13 de septiembre, el cual se podría prorrogar. Entró en vigor el día 14, a la espera de ser ratificado por el Congreso de la República. Esta imposición incluyó un toque de queda de 10 de la noche a cuatro de la mañana. Según el mandatario, la decisión tuvo como objetivo, impedir la expansión del coronavirus y de su variante delta, así como el aumento de casos y muertes en los últimos meses. Según lo establece la Ley de Orden Público, el estado de Calamidad, entre otras medidas, limita la posibilidad de libre locomoción de la población, la concentración de personas y se suspenden las reuniones.

Sin embargo, una medida política que tienda a limitar las libertades de los guatemaltecos, tiene otro trasfondo, porque no está encaminada a combatir la pandemia, sino a sofocar las crecientes manifestaciones de descontento contra un Gobierno que se cae a pedazos. Constituye una situación desesperada ante la imposibilidad de contar con el apoyo popular, llegando a un estado de ingobernabilidad.  Por esa razón el Gobierno necesita imponer su dominio político sobre la sociedad por la fuerza y la medida más adecuada para gobernar es suprimir las libertades ciudadanas, para impedir que se pronuncie contra la administración.

Este estado de excepción motivó más malestar dentro de la sociedad, que se debate ante una crisis económica que afecta a la mayoría de sectores sociales y el creciente avance de la pandemia, que no se ha sabido enfrentar. La excepción no responde a la crisis que viven los guatemaltecos, se está aplicando una política equivocada porque no es un problema de seguridad ni de defensa nacional, es un problema que se debe combatir fortaleciendo las políticas de desarrollo, como las políticas públicas de salud. Se puede convertir en un problema de seguridad, cuando ya no se puede detener con esas políticas afectando a la mayoría de la sociedad.  Aun así, se debe fortalecer la salud, porque estaría afectando un componente del Estado, su población. Se debe considerar que el Sistema de Salud, ha estado en crisis por la poca visión política de los gobiernos, pero ahora, está colapsado.

La primera medida que se debió tomar fue incrementar el presupuesto del sector salud, restringiendo el de los ministerios que se pueden limitar como la Defensa y las actividades que no tienen mayor prioridad en este momento, sin embargo, a salud se le recortaron Q83 millones. No se dice que las otras políticas no sean necesarias, pero las prioridades ante la crisis, las puede determinar el mismo Consejo de Ministros y el Comité de Crisis, que es una de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad, ante la emergencia nacional. La masividad y cobertura nacional de la vacunación, sería una medida importante para combatir la crisis, pero es una situación en la que el gobierno está retrasado, empezando por las negociaciones fraudulentas con los rusos. La construcción de hospitales y puestos de salud en los departamentos, sería otra respuesta a la crisis, pero es necesario que se fiscalice permanentemente donde están los recursos asignados a ese fin. Además, es necesario dignificar al personal que en primera línea se encuentra combatiendo la pandemia, por lo que se hace necesario dotarlos de los insumos y equipo necesarios, no solo para atender a los pacientes, sino asegurar su propia salud. A pesar de la crisis de salud, el mandatario se encuentra envuelto en un nuevo escándalo, al recibir un soborno de los rusos, para que se agilice el proyecto del terreno en Santo Tomás de Castilla, donde se construiría un muelle para embarcar el níquel extraído de la mayor reserva del mundo, que se encuentra en Guatemala, así como otros minerales estratégicos.

Fotografía cortesía del Organismo Legislativo

Toda esa situación pesó para que, con 103 votos de la plenaria en el Congreso de la República, se reprobara el Estado de Calamidad impuesto por el Ejecutivo, que le dio vida por medio del Decreto 6-2021. También con 122 votos se consideró no conocer las reformas contenidas en el Decreto 7-2021, el cual quedó sin efecto al derogarse el primer decreto. Según la ley, la Corte de Constitucionalidad ordena al Congreso que las decisiones se aprueben con 81 votos, lo que constituye la mayoría absoluta. De esa cuenta, el oficialismo perdió ese pulso en la búsqueda de aprobar el estado de Calamidad para supuestamente afrontar los efectos de la pandemia. 54 diputados votaron a favor de la aprobación y 3 estuvieron ausentes. Únicamente votaron a favor, la alianza conformada por el partido UCN, el Frente de Convergencia Nacional, FCN, y el partido Vamos de Giammattei.  Salieron varios argumentos para justificar esa votación: el principal es que le permitiría al Ejecutivo hace compras con mayor libertad, lo cual considera darle libertades extras durante la excepción y motiva acciones ilegales.

Pero esa situación no debe llevar al engaño, esos pequeños actos de dignificación de los Padres de la Patria, no son el resultado de una toma de conciencia de las necesidades sociales, es el resultado de las diferencias con la alianza oficial, al no obtener las ganancias de los proyectos de los que se benefician los diputados, así como su no participación en los millonarios negocios del gobierno. Desde ya se observa que el oficialismo ha perdido casi todo el espacio político en el Congreso, lo cual es muestra del deterioro y la pérdida de su legitimidad, ante la imposibilidad de seguir imponiendo en el Congreso, los proyectos de ley que lo beneficien. Indica también que las diferentes bancadas, están en la búsqueda de nuevos espacios, para no ser arrastrados, ante un inminente colapso de la actual administración.