FOTOGRAFÍA DE RODRIGO ABD

Sobresalen en Guatemala la violencia y la inseguridad. Los niveles de criminalidad, los homicidios, la violencia contra la mujer y la niñez, la trata de personas, las extorsiones, el contrabando y el narcotráfico tuvieron un sensible crecimiento durante los últimos años. Esto ha vulnerado a la mayoría de la población, ya de por si afectada por las múltiples restricciones gubernamentales impuestas durante la pandemia y los desaciertos en materia de seguridad.

El Ministerio de Gobernación, como uno de los entes rectores de la seguridad interior y la seguridad ciudadana, muestra grandes debilidades en su función de prevención de la violencia, la delincuencia y el crimen organizado y poco se ha logrado enfrentando estas amenazas. De 2017 al 2021, en tan solo en 4 años, la PNC ha duplicado el número de agentes, de 19,748 a 41,680. Pero de nada sirve, si no se sabe utilizar racionalmente dentro de una verdadera estrategia de seguridad, y debería ocurrir que entre más policías existan, mayor serían los niveles de seguridad, pero en el país ocurre todo lo contario. Sobre todo, si dentro de estos cuerpos de seguridad campea la corrupción, que se traduce en extorsiones, mordidas y cuanta mala práctica policial, ampliamente conocida por la ciudadanía.

La violencia se ha incrementado y los homicidios llegaron a 4,078 en 2021. El promedio de asesinatos es de 11.1%, superando los asesinatos del 2020, cuando se llegó a la cifra de 3,500 crímenes. Las cifras son bajas si se menciona que, en 2019, llegaron a 4,645 y destaca que el principal medio para cometer los asesinatos fueron las armas de fuego. De acuerdo con las fuentes de seguridad, se da un incremento de femicidios contra mujeres aumentando en un 28,5% en relación con los reportes del 2020, cuando fueron investigados 507 casos.  De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, el 51,5 % de la población guatemalteca son mujeres y la mayor parte de ellas tienen menos de 25 años, pero se ha convertido en un grupo vulnerable. La tasa de muertes es de 27 asesinatos por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, cuando en los países desarrollados la tasa desciende a 3 por cada 100,000. El departamento que tiene la tasa más alta es Guatemala, seguido de Escuintla, mientras que Sololá y Quiché solo se contabiliza una tasa de tres o cuatro muertes por cada 100,000 habitantes respectivamente.

Fotografía de Carlos Alonzo

Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, un índice “normal” de criminalidad es el que se encuentra entre 0 y 5 homicidios por cada 100,000 habitantes por año, y puede ser tratado con mecanismos convencionales. Cuando el índice excede de un 10, una sociedad se enfrenta a un cuadro de criminalidad “epidémica”, la cual ya no puede ser tratada por las vías convencionales, y esta es la situación que enfrentan los países centroamericanos, que tienen las tasas más altas de homicidios en el mundo. Estos problemas requieren de mecanismos multidisciplinarios y políticas de desarrollo definidas, así como poner en funcionamiento el Sistema de Seguridad, que en Guatemala fue desnaturalizado desde el Gobierno del Partido Patriota. En términos generales es factible proponer que los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con dos grandes líneas causales que se relacionan y se refuerzan entre sí: la exclusión social y la falta de estrategias de seguridad.

Decenas de miles de jóvenes se integran cada año a la población económicamente activa, pero el mercado de trabajo no genera suficientes puestos para absorberlos. El sistema educativo no brinda a los jóvenes adecuadas capacidades para integrarse al mundo laboral y se ven en la necesidad de buscar medios de vida en la economía informal, labor que en muchos casos forma parte del contrabando y venta de objetos robados o de origen sospechoso. Una pequeña fracción de esta población, afectada además por condiciones sociales negativas como débiles mecanismos de integración social, discriminación y victimización, los puede llevar a violar la ley.

Por otro lado, y probablemente con mayor efecto sobre los niveles de violencia, el Estado guatemalteco se encuentra en una situación de grave debilidad institucional para hacer frente a esta problemática. Existen en Guatemala grupos que operan violentamente respondiendo a los intereses de redes del crimen organizado e individuos poderosos, que se enriquecen por medio de actividades ilícitas como contrabando de bienes; secuestros; tráfico de personas, de armas y municiones; y el narcotráfico. Esto ha ido en aumento, y de momento, no se conocen estrategias para enfrentarlas, y si el recambio de ministros de seguridad en los diferentes gobiernos.  Ven como única solución sacar al ejército a las calles, lo cual da solamente una percepción de seguridad, cuando la ciudadanía requiere desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal, sus derechos y el goce de sus bienes.