A pesar que el indulto sobre la pena de muerte no se puede aplicar, el oficialismo insiste en aprobarlo. A esta iniciativa de ley, la comisión de Defensa del Congreso, ya dio dictamen favorable, a pesar de no existir un análisis jurídico del proyecto. Se esperaría que lo mismo hagan otras comisiones, entre las que se encuentra la de Derechos Humanos. En época electoral, se interpreta que este tipo de iniciativas son además de clientelares, demagógicas, que apelan al sentir de la necesidad ciudadana por mejores niveles de seguridad y no existe ninguna evolución del Derecho en pleno siglo XXI. Especialistas han declarado que la pena de muerte fue expulsada de las condenas, y que, de aprobarse, sería rechazada por la Corte de Constitucionalidad.

Fotografía de Rodrigo Abd

Mucho se ha escrito sobre el tema, a favor y en contra, y resulta significativo que de la comisión de Defensa se emita un dictamen favorable. Esa situación lleva a identificar las fuerzas políticas a las que representan los militares y que se encuentran detrás de la propuesta, que, además, están seguras que llegarán a la presidencia en las próximas elecciones. Se destaca, el papel jugado por las fuerzas de seguridad del Estado en la historia de Guatemala, utilizando esta condena a diestra y siniestra, legal o ilegalmente, como única política para enfrentar la violencia y la delincuencia, pero también para imponer su orden sobre la ciudadanía.  Este tipo de pena, nunca ha sido una medida disuasiva contra los delincuentes, pero representa la mentalidad con la que, los castrenses fueron capacitados para dar respuesta y enfrentar todo tipo de problemas y demandas sociales: con represión.

Retrata también la formación y conocimientos sobre las relaciones humanas en la convivencia social, donde el poder coercitivo del Estado se impone por la fuerza y con mano dura como única medida para resolver los graves problemas de la inseguridad. No llegan a analizar ni a considerar las causas que originan la violencia y que han sido generadas por el propio sistema creado por los grupos económicamente poderosos, y que ahora, la quiere eliminar físicamente como única alternativa.

Los orígenes de estos problemas son económicos, políticos y sociales. Esa situación muchas veces se manifiesta en violencia, delincuencia y otros males sociales, pero en la miope mentalidad de los mandatarios, sus fuerzas de seguridad, y su sistema de justicia, no combaten las causas, sino las consecuencias. No se resuelven los graves problemas de subsistencia que padece la población, como garantizar la obtención de empleo, educación, salud, vivienda, tierra e infraestructura, que reduciría el problema de la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Tampoco el Estado trabaja por garantizar el bienestar de su sociedad, lo cual sería una de sus principales funciones. No se trata de aplicar la pena de muerte para enfrentar lo que ellos mismos crearon, tampoco encarcelando a todo mundo, sin posibilidad de rehabilitación, ni reinserción en la sociedad.

La historia ya no se puede borrar, ni los crímenes cometidos contra la sociedad, en la aplicación de estas medidas impulsadas por el propio Estado. Ello, aunque a estas alturas, dentro de los grupos de poder, se produce una negación de los hechos del pasado, cuando se cometieron Crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio. Se utilizó de manera indiscriminada para eliminar al “enemigo interno” que les impuso la Doctrina de Seguridad Nacional, que, a estas alturas, se sigue utilizando como modelo en las políticas de seguridad. A pesar de que oficialmente se aprobó la aplicación de la Seguridad Democrática, como modelo para enfrentar la seguridad.

El primer modelo defiende la existencia del Estado, que, por cierto, nadie está amenazando, mientras que, en el segundo modelo, se indica que todas las políticas de seguridad deben girar en torno al ser humano, a la sociedad, como el bien a defender. Ante este cambio de modelo o paradigma, existe una gran resistencia desde las fuerzas de seguridad del Estado en no aplicarla, porque entonces perderían la razón de ser las fuerzas armadas, tal como en la actualidad funcionan con muchos privilegios. Se han resistido a realizar un cambio de mentalidad, a pesar de que los Acuerdos de Paz recogen los argumentos de las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, la comunidad internacional y otras fuerzas políticas, que plantearon cuales debían ser las funciones del Ejército y las fuerzas que deben enfrentar la inseguridad interna. Los acuerdos fueron eliminados, pero las fuerzas sociales existen y se mantienen haciendo propuestas democráticas a los gobiernos autoritarios.

Mientras más se destruye la democracia con esas medidas dictatoriales, el Estado de Derecho, y no se cumplen o respetan los convenios firmados por Guatemala ante la comunidad internacional, menos opciones van quedando para consolidar mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad política.  Lo que se propone en el Congreso, por los partidos políticos de la derecha fascista, y el actual Ejecutivo, es lo que están acostumbrados a hacer, lo que siempre han hecho, no proponen ninguna política novedosa ni actualizada, en la forma de entender la seguridad ciudadana.