En la primera declaración del caso “Diario Militar” o “Dossier de la Muerte”, el pasado miércoles, el Ministerio Público (MP) de esta república bananera leyó la declaración de un testigo que describió los horrores sobre la tenebrosa ranfla conocida como la ‘Panel Blanca’.

La Panel Blanca fue el vehículo (o varios vehículos idénticos) que habría sido utilizado para secuestrar personas consideradas como disidentes (‘enemigos internos’, en la jerga militar de la época) durante la década de 1980. Prácticamente dentro de esos disidentes podía caber cualquier tipo de opositor político. Subirse a la white, significaba un pasaje al infierno, es decir, los centros de tortura clandestinos que nunca faltan en las estructuras militares de todo régimen sanguinario. Nadie, o casi nadie, salía vivo de ahí.

Hay que tomar en cuenta que las sucesivas dictaduras militares instauradas en el país a partir de 1954, ejecutaron no sólo guerrilleros, bochincheros y campesinos, sino también dirigentes políticos que hoy serían vistos cuales moderados por abogar por salidas ‘democráticas’ a los conflictos, como fuera el caso del mejor alcalde que ha tenido la capirucha: Manuel Colom Argueta. Lo hacían utilizando o bien a las mismas fuerzas represivas estatales, que muchas veces actuaban con la impunidad que les confería la dictadura, vestidos de civil; y otras veces, dejaban que grupos paramilitares, como el anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (dirigido por el Mico Sandoval, progenitor político de Arzú, alias “Mono de Oro”), se foguearan en el deporte de asesinar y torturar mara —porque aparte les encantaba a estos emisarios del infierno—. Algunos expertos señalan que sería ingenuo creer que estos grupos paramilitares actuaban con independencia del Estado.

Fotografía: Hemeroteca Prensa Libre

Para el caso “Diario Militar”, la Fiscalía de Derechos Humanos leyó un testimonio sobre la desaparición forzada de Rubén Amílcar Farfán. En el relato que proporcionó el testigo se revelan los diversos milagros satánicos de la Panel Blanca.

Según el testigo del que venimos hablando, esta carroza de la muerte no pertenecía a la Guardia de Hacienda «como quisieron hacer parecer», sino que estaba bajo el control de la Dirección del Estado Mayor de la Defensa Nacional. «Era una marca Toyota, color blanco», especificó.

El testigo en una ocasión tuvo la oportunidad de ver el interior de la Panel Blanca en un lavadero de carros: «Vi coágulos de sangre de aproximadamente cinco centímetros. Cuando llegaron los que lavarían [la ranfla] sacaron esos coágulos de sangre dentro de una cubeta y los vaciaron en la taza del sanitario».

En marzo de 1988, fueron enchachados seis miembros de la Guardia de Hacienda a quienes vincularon con actos sangrientos asociados a la Panel Blanca. Esas capturas motivaron el cambio inmediato de placas de la Panel Blanca, debido al escándalo que provocó esas detenciones. Esa argucia fue posible debido a que la diabólica Dirección de Inteligencia (G2) contaba con una fábrica propia de placas para ranflas, según se constató en el relato del testigo.

En 1998, el Estado de Guatemala fue enhebrado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición forzada de diez personas secuestradas por la Panel Blanca, entre 1987 y 1989; a saber: Ana Elizabeth Paniagua, Julián Salomón Gómez, William Otilio González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, Marco Antonio Montes, Erick Chinchilla y Óscar Vásquez.

La demanda había sido presentada a la CIDH, el 19 de enero de 1995. Se pedía la condena al Estado guatepiorteco por la violación del Derecho a la vida, a la integridad y libertad personal, y a las garantías judiciales de las víctimas.