Autoridades norteamericanas estimaron que 1 mil 400 toneladas de cocaína, pasaron por el territorio guatemalteco hacia el Estados Unidos en 2017, pero en los últimos años esa cifra pudo aumentar. El Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, indica que Guatemala sigue siendo “un importante país de tránsito de drogas ilícitas destinadas a los Estados Unidos”.

Ya en 2015, el presidente Obama, en el memorándum sobre narcotráfico que envió al Congreso, advierte que en el país más grande del Triángulo Norte ha crecido “la manufactura de metanfetaminas y otras drogas sintéticas”. El fenómeno se atribuye a la presión que ejercen las autoridades mexicanas contra los narcotraficantes, por lo que esas organizaciones han buscado plazas como Guatemala. Aquí, la falta de una adecuada penalización, la falta de vigilancia, la corrupción, la complacencia de las organizaciones de seguridad y el paraíso fiscal existente, es propicio para sus negocios. También la ausencia policial, ha permitido el surgimiento de otras formas de delincuencia trasnacional, como el tráfico de migrantes, de armas y el contrabando de mercancía.

El mismo reporte destaca la corrupción en instituciones públicas y privadas.    Prueba de ello son los cientos de funcionarios que son investigados por el Ministerio Público desde 2013 en casos de corrupción.  Pero no solo se trata de las rutas del narcotráfico sin presencia de autoridades, sus cultivos o sus fábricas, “El narcotráfico, sin la corrupción, no pude funcionar”. En 2017, fuentes del MP señalaron que tenían una estrecha colaboración con el MINGOB, pero la corrupción policial era un problema persistente, porque el narcotráfico y el narcomenudeo tienen contactos que filtran información desde comisarías y subestaciones.  En varias ocasiones, las grandes operaciones contra los narcos fracasaron, porque incluso, jefes policiacos les informaron del evento. Claro, nada es gratis, y se cobra en dólares o en especie.  

De país de paso, se ha convertido en un país productor y tráfico de drogas sintéticas y de diseño. De productor de marihuana, pasó a cultivar amapola, para producir heroína, y en estos últimos años, se ha detectado la siembra de la hoja de Coca. Además, por lo permeable de las fronteras, se produce el contrabando de precursores químicos para procesar las drogas. Las siembras ilícitas y clandestinas, se han convertido en alternativas de sobrevivencia para algunos campesinos que viven en el departamento de San Marcos, donde la frontera les ofrece posibilidades de trasiego y remuneración segura para sus cultivos de amapola.

Ellos no son delincuentes, esas comunidades sufren abandono por la ausencia del Estado. Este debería impulsar programas sobre el uso y tenencia de la tierra, garantizar sus mercados y facilitar créditos e insumos, por ello, se ven obligados a buscar otras posibilidades económicas. También sufren la represión y pérdida de cosechas, cuando las fuerzas de seguridad, impulsan operaciones en la erradicación de esos cultivos.  En varios terrenos de Tajumulco e Ixchiguán, los cultivos de amapola son erradicados en varias ocasiones, porque los agricultores los replantan después de cada operación de las fuerzas de seguridad.

Guatemala, por su ubicación estratégica y geográfica favorable, brinda condiciones para consolidar una Base de Operaciones y lavado de dinero. Toda esa infraestructura, donde se emplean empresas y negocios de fachada, garantizan a los narcos introducir la droga hacia los EE.UU. El negocio está asegurado por la demanda del mercado más grande de drogas del mundo. La droga forma parte de la cultura norteamericana, y se encuentra desde los barrios pobres de las ciudades como New York, hasta las residencias de las élites. Se conoce el consumo en artistas de Hollywood, que, por cierto, varios han muerto de sobredosis.

Un hermano de la vicepresidenta del Congreso, Sofía Hernández, está acusado en un caso contra Los Huistas.

La narcoactividad, ha generado delitos colaterales en los que se apoya, estimulando el surgimiento de ramas del crimen organizado, propiciando el crecimiento de las pandillas, y elevando los índices de violencia y criminalidad. Como efecto colateral, el país se ha convertido en consumidor, acrecentando la degradación social. La narcoactividad, como parte de las amenazas al Estado, ha corroído y puesto en entredicho las capacidades del sistema político, corrompiendo sus instituciones.  Los narcos tienen capacidad económica para sobornar los cuerpos de seguridad, y de financiar las campañas de los partidos políticos. Han constituido poderes alternos y cogobiernan con algunos poderes del Estado, que al final la disputa, es por cooptarlo. También han puesto en crisis la soberanía del Estado, y su ausencia, en muchos aspectos de la vida nacional, es una realidad. Los ciudadanos nos preguntamos: ¿Cuál es la estrategia gubernamental para erradicar esa amenaza? y ¿Qué políticas se ejecutan para rediseñar las fuerzas de seguridad, civiles y militares, para arrebatárselas al crimen organizado y la corrupción?