A 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, persisten las causas que dieron origen al conflicto armado, es más, estas se han acrecentado. El incumplimiento de los Acuerdos no permite que se le dé una respuesta oportuna a la mayoría de demandas de la sociedad empobrecida del país. La violación sistemática de los derechos humanos, se convirtió en una política de Estado. Tanto se violaban los Derechos Humanos, que “hubo necesidad de negociarlos” durante el proceso por alcanzar la paz, para que cesaran las masacres, las persecuciones, torturas, ejecuciones, desapariciones, genocidio y otros crímenes cometidos por el propio Estado y sus fuerzas represivas.

Fotografía de Nelton Rivera

Pero la derecha que siempre ha gobernado el país, ha considerado que los Acuerdos, fueron una imposición desde el extranjero, como una “intervención en los asuntos internos del país”, por ello acusaron a la CICIG de violar la soberanía de Guatemala.  Estos sectores conservadores, argumentan que los derechos humanos fueron creados “para defender a los delincuentes” y que “por culpa de esos derechos”, ya no existía orden ni seguridad en el país; refiriéndose a la mano libre que tuvieron para asesinar a cualquier opositor del régimen, imponiendo su justicia por medio de la violencia organizada, desde el propio Estado.

Esa es la lógica de la alianza en el Pacto de Corruptos, que actualmente avala Giammattei y por tal razón han decidido eliminar a la FECI dentro del MP, despidiendo ilegalmente al jefe de esa fiscalía Francisco Sandoval, que optó por el exilio. La intensificación de las protestas y bloqueos de diversos sectores en varios puntos del país, así como la convocatoria al Paro Nacional, indican que Guatemala se precipita hacia un estado de ingobernabilidad. Que la represión será el único camino que le quedará al Gobierno para mantener el control político, por eso se anticipó a decretar el Estado de Prevención.

El problema se ganó el repudio de la comunidad internacional.  La Unión Europea, manifestó su preocupación por tal destitución, el compromiso de Guatemala con el Estado de Derecho y el esfuerzo por combatir la corrupción.  El Secretario de Estado de EE.UU., indicó que el despido de Sandoval, fortalece las fuerzas de la impunidad. Agregó que la decisión de Consuelo Porras, no es la mejor para el fortalecimiento del estado de Derecho, la directora de la USAID, tildó de “escandalosa” la decisión.  Norma Torres, la congresista de origen guatemalteco, señaló que la fiscal y el presidente cedieron todo el poder a las élites de corruptos.  La embajada estadounidense, planteó que se ha perdido la confianza en la Fiscal General y su preocupación es la estabilidad regional, declarando que suspendieron de manera temporal la cooperación con el Ministerio Público.  Albio Sires, congresista estadounidense fue más enfático, indicando que la destitución de Sandoval, podría traer consigo repercusiones legales contra los funcionarios guatemaltecos involucrados.

Fotografía de Nelton Rivera

Pero la Cámara de Industria de origen oligárquico, en un comunicado y sin prever las consecuencias políticas, defendió la decisión de la fiscal:  apoya la “institucionalidad del MP”, “libres de presiones extranjeras”. Hace un llamado contra “el rompimiento del orden constitucional”. Obviamente se refiere a la crítica internacional y a un estallido social al cual temen.  Esa misma situación se vivió cuando Jimmy Morales, unilateralmente canceló la CICIG y las críticas hacia su gobierno fueron contundentes. Seis senadores demócratas se reunieron con el presidente, instándolo a impulsar políticas que protegieran los derechos humanos, fortalecieran la rendición de cuentas, defendieran las instituciones democráticas y se intensificara la lucha contra la corrupción.

Pero la corrupción no es nueva, la genera el propio sistema y constituye herencia de las dictaduras y del Estado autoritario. En 1962 la población luchó en las calles contra el régimen de Ydígoras Fuentes, también por los altos niveles de corrupción. Tómese en cuenta que en esta transición que se vive hacia la democracia y que aún no culmina, es obstaculizada por las fuerzas retardatarias, conservadoras y oscurantistas, que no permiten que ese proceso culmine, porque afecta sus intereses económicos y políticos.  En todo caso imponen regresar a ese estado, en que se consolidaron como fuerza económica dominante; sin derechos humanos que implementar; con fuerzas represivas y de seguridad a su servicio; sin control y fiscalización ciudadana a quien rendir cuentas y sobre todo sin CICIG que los acuse por sus delitos; pero ahora, sin la incómoda investigación de la FECI.