FOTOGRAFÍA DE SANTIAGO BILLY

Cuando conocí de la iniciativa 5272, que luego se convirtió en el decreto 18-2022, mi primera reacción fue ¿estamos en Irán o Afganistán? Un decreto propio de los ayatollahs iraníes o talibanes afganos. Es el colmo que para fundamentar dicha ley en su último considerando se haya citado a “grupos minoritarios¨ y se defina “costumbres que atentan contra la moral cristiana”. Lo segundo que vino a mi mente fueron los años sesenta del siglo pasado, cuando durante la época de las dictaduras militares iniciaba en Guatemala la moda de la minifalda. Las mujeres que osaban exhibir las piernas eran momentáneamente detenidas por la policía y se les ponía un sello de “prostituta” en las piernas. Y ahora al leer dicha ley mi pensamiento es “de regreso al futuro”, ya podemos esperar la policía de la moral rondando en las calles.

Fuera de la consideración casi cómica del párrafo anterior, lo que sí hay que analizar profundamente es el proceso de islamización de nuestro país. ¿Cómo así islamización? Sí, aunque parezca chiste. El proceso social iniciado a principios de los años 70 del siglo pasado con la llegada a Guatemala de las iglesias evangélicas lideradas por pastores fundamentalistas, es casi idéntico al proceso iniciado en Irán y Afganistán por los fundamentalistas islámicos. Una sociedad sin guía espiritual encontró en dichos movimientos una razón de ser, donde los valores iniciales de todas las religiones sin excepción habían sido abandonados. Regreso al tema de las minifaldas, en Irán y Afganistán al revisar videos de la época de los 60 y 70 lo que más llamaba la atención era la cantidad de mujeres con esa vestimenta. La reacción fue el fundamentalismo basado en la Ley Sharía. Similar proceso ha lo sucedido en Guatemala, con diferente religión, eso sí.

Y dicho proceso se acentuó ahora con la pandemia. Una espiritualidad venida ante la incertidumbre de la vida. Lo cual es bueno para la sociedad como tal, sin embargo, no es bueno para un sistema legal basado en normas morales. Un individuo puede ser inmoral, amoral, indecente y cualquier otro calificativo, mas eso no lo hace un criminal. Simplemente no se puede legislar en base a criterios morales y sobre todo poner en la mira a los grupos minoritarios que según los proponentes de dicha ley piensan distinto.

 

Fotografía de Johan Ordoñez

Los Constituyentes que redactamos y firmamos la Constitución Política de la Republica iniciamos en la primera línea de dicha ley fundamental con las palabras: “INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS” como un testamento al hecho que 95% de los guatemaltecos se definen como creyentes. ¿Qué necesidad de otras leyes existe que defiendan la religiosidad nacional? Acto seguido en el artículo 1 definimos “El Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia”. ¿Qué necesidad existe de otra ley para defender a la familia? Luego en el artículo 3 expresamos: “El estado protege la vida humana desde su concepción”. ¿Qué necesidad existe de otra ley para proteger la vida? Cualquier otra ley que pretenda defender estos derechos constitucionales es simplemente irrelevante y obviamente guiada por otros intereses que no son ni la protección de la vida ni la protección de la libertad de culto, es más que evidente que el decreto es un coqueteo político hacia una clientela electoral.

Igual de importante en el artículo 36 decretamos la libertad de religión y en el 37 otorgamos personalidad jurídica a la iglesia, dejando claro que Guatemala es un estado Laico siguiendo la tradición democrática, republicana y liberal, propia del liberalismo filosófico y político. Pero ¿Cuál es la importancia de un estado laico? Nos permite convivir pacíficamente en democracia, a pesar de tener religiones, ideologías y convicciones distintas. ¿Qué sucede cuando desaparece? Violencia y discriminación.

La laicidad no es antirreligiosa, al contrario, al separar al Estado de las religiones, la laicidad protege al Estado de la interferencia de estas y a la vez escuda a las propias religiones de la indebida interferencia del poder político.

¡Y ahora resulta que la quieren archivar y el presidente pide no enviarla! Cuando la propia constitución en su SECCION TERCERA, FORMACION Y SANCION DE LA LEY claramente lo prohíbe. No existe el recurso de revisión que los diputados pretenden lograr y no puede dejar de enviarse al presidente. Esta vez el presidente tiene que sacar el pecho y definir su postura. O la veta o la publica, nada de mariconadas que no me la manden…