Cuando los constituyentes que participamos en la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 finalizamos nuestro trabajo fue con la intención de hacer un “borrón y cuenta nueva”. De tal manera que, dentro de los artículos transitorios y finales de nuestra nueva Constitución Política de la Republica de 1985, expresamente derogamos todas las constituciones y leyes constitucionales anteriores, con el fin exacto de hacer ese “borrón y cuenta nueva”.

Sin embargo, quedaron 2 leyes de rango constitucional en aparente vigencia cuando en realidad fueron expresamente derogadas. Y digo “aparente” vigencia, pues en realidad no existe una derogatoria expresa, sin embargo, el artículo 22 transitorio de nuestra Constitución es totalmente claro cuando cita: “… así como cualesquiera leyes y disposiciones que hubiesen surtido iguales efectos”.

Una de estas leyes es la Ley de Orden Público, que fue pensada en función del estado contrainsurgente y no es adecuada para enfrentar emergencias sanitarias, no dio problema durante los últimos 36 años de vigencia del nuevo orden constitucional pues nunca se intentó instrumentalizar como un mecanismo de gobierno y al hacer cuentas no fue utilizada más allá de 10 veces durante el conjunto de los anteriores 35 años, es decir, durante 9 gobiernos no se usó más de esas 10 veces en conjunto.

Sin embargo, durante el presente gobierno esta se convirtió en la norma fundamental de la política, habiendo sido usada dicha ley, más de 10 veces en apenas 18 meses de gobierno; por lo que la discusión de la vigencia y actualización de la misma adquiere un carácter de urgencia, pues de lo contrario, la regresión constitucional es de tal magnitud que estamos siendo gobernados con una ley de 1965, la cual claramente contradice la Constitución Política de la Republica de 1985.

Aparte de la Constitución Política de la República de Guatemala, existen cuatro leyes con rango constitucional:

1) La Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

2) La Ley Electoral y de Partidos Políticos.

3) La Ley de Emisión del Pensamiento

4) La Ley de Orden Público.

 

Solo las dos primeras leyes tienen plena vigencia Constitucional, la de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad y la ley de Partidos Políticos. Las otras dos están técnico jurídicamente derogadas expresamente por la actual Constitución de 1985.

La Ley de Amparo y la de Partidos Políticos fueron emitidas por la Asamblea Nacional Constituyente de 1984, en fecha posterior a la vigencia de la actual Constitución y desarrollan preceptos constitucionales de la misma. Es decir, fueron estas dos leyes consistentes con el contenido de la actual Constitución.

Nunca se promulgaron la Ley de Emisión del Pensamiento y la Ley de Orden Público, las cuales desarrollan los conceptos que corresponden a la Constitución promulgada en el año 1965 y ésta Constitución, como otras Constituciones y sus reformas, fueron derogadas por el artículo 22 de las Disposiciones Transitorias y Finales de la actual Constitución de 1985, lo que incluyó, por lógica también, a las leyes constitucionales que dependían directamente de aquella Constitución de 1965, pues si no hay Constitución vigente tampoco puede existir ley constitucional vigente alguna.

La Constitución de 1965 dejó de tener vigencia con la promulgación de la Constitución de 1985 por ende, las leyes constitucionales que la desarrollaban perdieron vigencia.

La Constitución vigente incluye dentro de sus derogatorias a cualesquiera leyes y disposiciones que hubieren surtido iguales efectos o sea las leyes constitucionales precitadas.

“Articulo 22.- (transitorio) Derogatoria.  Se derogan todas las Constituciones de la República de Guatemala y reformas constitucionales decretadas con anterioridad a la presente, así como cualesquiera leyes y disposiciones que hubiesen surtido iguales efectos “

Le exijo a la CC que cumpla su deber y ordene al congreso que en término de 30 días se conozca la iniciativa de la Ley de Orden Publico con rango constitucional, adecuándola a los principios Constitucionales de 1985, la cual ya está en tercera lectura y cuenta con dictamen favorable de la propia corte.