Con preocupación vemos un intento del congrueso por limitar el acceso ciudadano a la información pública.  La iniciativa 5792, actualmente en discusión, nos pone en serias dudas del fin último que se busca. Nada bueno se puede esperar de un nuevo intento por acabar con una de las pocas vías disponibles para la fiscalización del estado: La ley de Acceso a la Información Pública, creada desde el año 2008 y que con todo y sus defectos ha servido para poder exigir respuestas a un Estado cada vez más opaco.

Dicha iniciativa pretende crear un “instituto” nombrado y controlado por el propio congrueso. Eso no huele nada bien. No se puede permitir que la información a la cual tenemos acceso ilimitado por ley, antojadizamente se pretenda racionar o dar por “pushos” según los pactos e intereses de turno.

Todo lo contrario, la ruta a seguir es el gobierno electrónico con todos y cada uno de sus actos a la vista ciudadana. ¿Pagar impuestos para no saber en que los utilizan? No creo.

Para reforzar la labor de cuentadancia, se creó una Secretaria de Información Pública adscrita a la Procuraduría de Derechos Humanos, entidad hoy en día sumamente incómoda para los diputados, lo cual podría explicar el repentino y oficioso interés en retirarle este papel de fiscalización.

El modelo actual es perfectible, por supuesto, mas no bajo el truculento modelo del “instituto”.

Queremos evitar que la información pública se convierta en “otra moneda de cambio” en manos de la eterna clica que nos gobierna, a oscuras y con ínfulas de santulones.

Vemos ahora que hasta el presupuesto general de la nación se discute a puerta cerrada. ¿De cuándo a donde es un secreto de Estado en qué se gastarán nuestros recursos? Esto es apenas una muestra de la opacidad que se ha apoderado del actuar gubernamental. Todo es estado de calamidad, sin apegarse a la ley que rige las compras y contrataciones del Estado, hemos caído en el presupuesto más desfinanciado de la historia. Hasta los caciques de la iniciativa privada lanzaron ya un pronunciamiento de preocupación por los efectos que esto tendrá sobre la economía. Deuda para nuestros tataranietos y como la moda es seguir contratando deuda, pues la verdad es que será impagable.

Analizando el susodicho presupuesto vemos que el 13 por ciento, es decir, 13 mil millones ¡sí! 13 mil millones de quetzales son para pago de intereses sobre deuda antigua y 38 mil millones para “obligaciones a cargo del tesoro”, es decir, amortización de deuda vieja. En conclusión, 1 de cada 2 quetzales van a parar a los bancos en concepto de deuda.

Así nunca saldremos del hoyo. Y encima se pretende aprobar en secreto. ¿Qué más gastos esconde este presupuesto?

Ante tal situación reafirmo la aseveración: ¨El acceso a la información pública es el arma ciudadana de control de su gobierno¨. No la perdamos.