Una vez más, la pandemia, expuso de manera dramática, la crisis del sistema de salud de Guatemala. Son escasos los recursos destinados por el gobierno, a través del ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), para hacer frente a la pandemia del covid-19, pero también, contra casi todas las amenazas a la salud de los habitantes del país, y los pocos recursos que se invierten, resultan en otras manos, no para el fin que fueron destinados.

La campaña de vacunación se empezó a llevar a cabo con las donaciones que hicieran diferentes países y fue recientemente que comenzaron a utilizar la vacuna Sputnik-5. Esta vacuna está fabricada por una empresa mexicana, por concesión de los rusos. Las compras de las vacunas rusas, no se hicieron utilizando la embajada de la Federación de Rusia en Guatemala, que significaría una garantía del negocio, sino por otros intermediarios dudosos, que han impuesto sus condiciones al Estado de Guatemala.

Fotografía de Esbin García

Se compraron cerca de 16 millones de dosis de la vacuna. El problema es que las entregas de 50,000 vacunas se producirán cada 15 días, lo que significa que son 26 semanas para recibir el total de 1,300,000 en un año. Se necesitarán entonces 12 años para entregar el total de las vacunas compradas por Guatemala. Mientras tanto qué estrategia utilizará el ministerio de Salud para hacer frente a la pandemia, y en cuanto tiempo se podrá vacunar a los guatemaltecos. El problema no consiste en indicar si es necesaria la vacuna, la cuestión reside en los actos de corrupción tras la compra de un lote de vacunas que llegarán al país, después de acumular una buena cantidad de víctimas mortales. La pregunta persiste: ¿Tendrá el gobierno una verdadera estrategia para hacer frente a los grandes problemas médicos que padece Guatemala? O como siempre, se debe improvisar cualquier acción que indique a los ciudadanos que se está haciendo algo.

Salta a la vista, los malolientes negocios dentro de la cartera de Salud, siendo tan evidentes que no se pueden esconder. En Guatemala, en el rubro de procesos de adquisición pública, se producen los más grandes actos de corrupción, por funcionarios que dirigen la institución, que le untan la mano a otros que manejan todo el proceso.

También se percibe la mala estructura de asistencia médica para poder vacunar a la mayoría de la población. Empezando por una ministra lenta en sus decisiones y con poca visión estratégica para hacer frente no solo a la pandemia, sino también por no impulsar una verdadera reforma al Sistema de Salud en Guatemala, donde se encuentra casi ausente la medicina preventiva y la asistencia en las comunidades rurales. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, en el país, hay 0.9 médicos por cada mil habitantes, y se ha creado una estructura de médicos, que residen en ciudad capital, que han hecho de la salud un gran negocio, muchos de ellos dueños centros de salud y hospitales, que le cobran a los pacientes grandes sumas de dinero.

Estos médicos son incapaces de irse a las comunidades a brindar sus servicios a las comunidades necesitadas. Debería existir una norma, que obligue a los aspirantes a médicos, que deben prestar un servicio en las áreas rurales, antes de su graduación. Tampoco se tienen los cuadros medios necesarios para hacer frente a la vacunación y durante la pandemia, para llenar ese vacío, se ha recurrido a un sistema de voluntariado para administrar las dosis.

La Organización Mundial de la Salud, recomienda a los estados que inviertan un 6% del Producto Interno Bruto, PIB, en salud. En el país, la inversión apenas llega al 1%, lo que repercute en los pocos servicios que reciben los guatemaltecos, en ese aspecto, Guatemala es el país de América Latina con la menor inversión en salud, la pandemia lo vino a demostrar.

Ya es característica que el gobierno de Giammattei, ha perdido toda legitimidad. Ha perdido el apoyo ciudadano al estar plagado de múltiples actos de corrupción, principalmente en el MSPAS y otros ministerios. La corrupción se extiende rápido a prácticamente todas las entidades del Estado, protegidas con el manto de la impunidad que le provee la alianza oficialista enquistada en el Congreso de la República, y con numerosos diputados vinculados con el narcotráfico y otras estructuras del crimen organizado.

En el vecino país de El Salvador, la mayoría de la población ya fue vacunada, y como medida de seguridad, se están vacunando a los municipios fronterizos fuera de su frontera, porque con ellos se tienen relaciones comerciales y hasta familiares. De esa manera aseguran la erradicación del virus, e inmunizan sus propias relaciones. En México existe un superávit en la existencia de vacunas y también Honduras, con todo y sus problemáticas, están superando la vacunación de su población.