FOTOGRAFÍA DE CARLOS ALONZO

Este 24 de enero cinco exparamilitares fueron sentenciados a 30 años por haber violado y esclavizado a mujeres indígenas de la comunidad achí en los años 80, durante el Conflicto Armado. Es la segunda condena por violencia sexual contra mujeres indígenas. En febrero del 2016, dos veteranos fueron condenados a 240 y 120 años de prisión por haber mantenido a once víctimas en esclavitud sexual, y cargos por asesinato y desaparición forzada. Conocer estos crímenes y violaciones parecen extraordinarios a 25 años de finalizada la guerra, pero fue común en los años del Conflicto Armado, cuando se aplicó la estrategia de Contrainsurgencia.

La justicia solo ha condenado a algunos ex militares, pero no a la política contrainsurgente, ni a las cabezas de gobierno que la impulsaron. En Guatemala, como en América Latina, los Estados Unidos, desarrollaron la Estrategia de la Contrainsurgencia, para eliminar al movimiento revolucionario. Uno tras otro, los gobiernos de Guatemala, con menor o mayor creatividad y dirigidos por los norteamericanos, aplicaron la Contrainsurgencia como Política de Estado.  Con ella sometieron y reprimieron a la sociedad, considerada el Enemigo Interno.  Esta fue una práctica sistemática de persecución por sus ideas críticas al sistema, aplicando la persecución, la tortura, el exterminio de población civil e indígena, la ejecución arbitraria de mujeres, niños y ancianos, así como la desaparición forzada, llegando a cometer crímenes de Lesa Humanidad y Genocidio.

Esa política de Estado no fue condenada por ningún tribunal y hasta la actualidad, la Constitución ha mantenido vigente el Proyecto Contrainsurgente.  El principal instrumento de esa estrategia fueron los ejércitos latinoamericanos, que además de las funciones de la defensa, en Guatemala, les asignaron funciones de Seguridad Interna. Esto se encuentra oficializado e institucionalizado en el Artículo 244 de la propia Constitución Política de la Republica. Por ese mandato, los militares fueron convertidos en policías políticas, que reprimieron a la población. No es de extrañar que, conociendo las verdaderas funciones de Defensa del ejército, se sigan inmiscuyendo en la Seguridad Interior. Giammattei, de nuevo designó al coronel Napoleón Barrientos, un militar contrainsurgente, a cargo del Ministerio de Gobernación.

Fotografía de Carlos Alonzo

Durante el Conflicto Armado, el terror formó parte de la Guerra Psicológica. Las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas represivas o los Escuadrones de la Muerte, constituyeron un método que tenía el propósito de hacer valer o ejercer el Poder Coercitivo del Estado sobre la sociedad. Ese método fue utilizado para eliminar a los revolucionarios o sus colaboradores, así como personas opositoras de pensamiento progresista que no compartiera las políticas del régimen. También fue un método para confundir y desinformar a la población, para lo cual se llevó a cabo una política mal llamada “limpieza social”, eliminando bajo crueles y sádicas torturas a delincuentes comunes y criminales reincidentes. Sus cadáveres aparecían junto a los de revolucionarios, para confundir a la población y hacerles creer que los revolucionarios eran delincuentes, algo que se sigue creyendo.  Estos métodos fueron implementados en Guatemala, por los asesores militares de EE.UU., la CIA y otras agencias de inteligencia que participaban en la guerra junto al ejército.

Se acuñó la mentira, de que la guerra sucedía entre la izquierda y la derecha y que el Estado no tenía nada que ver, para esconder la participación de sus fuerzas de Seguridad. Los victimarios crearon una cultura de terror, la cual persiste hasta el presente. Se manifiesta al estar contra los Derechos Humanos, al considerar que estos solo defienden a los delincuentes, y que son una intromisión extranjera que viola la soberanía, lo cual coloca al sistema de justicia como insuficiente contra la delincuencia, el Crimen Organizado o la narcoactividad.

Son métodos que se siguen utilizando y la sociedad está acostumbrada e inmunizada, la prueba es que a nadie le importa la escalada de asesinatos, ni que aparezcan mujeres descuartizadas dentro de bolsas plásticas, personas dentro de costales o calcinadas, ni la supuesta guerra entre pandillas. Esto es permanente y la pregunta persiste: ¿es un método de limpieza social impulsada por las fuerzas de seguridad del Estado, acostumbradas a estas prácticas, o una práctica permanente de la contrainsurgencia, con ausencia de guerra?

Fotografía de Carlos Alonzo