En al menos cuatro países del área centroamericana se está produciendo un fenómeno que se evidencia con el cierre de espacios para la participación social, estos casos se producen específicamente en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, países donde entre otros hechos, la criminalización de la búsqueda de la justicia, de la protesta social y de los esfuerzos por exigir mayores controles al momento de aprobar mega proyectos y así evitar que se produzca daño ambiental considerable.
En Nicaragua se ha detenido a opositores políticos, pero también se han cancelado personerías jurídicas de diversas fundaciones y asociaciones que en algún momento han emitido algún tipo de comentario dirigido al análisis y la crítica de las acciones gubernamentales, en menor cantidad en El Salvador y Guatemala, pero también y especialmente en El Salvador se ha perseguido a quienes realizan denuncias haciendo uso de las redes sociales.
En Guatemala existe la preocupación por el incremento de los discursos de odio en las redes sociales, cuyo origen se encuentra en las acciones impulsadas por entidades pro impunidad que son cercanas a militares y narcotraficantes y que gozan del consentimiento de muchos funcionarios del gobierno y del Estado.
Fotografía de Esteban Biba
Estas entidades promotoras del odio, abren procesos penales contra jueces, defensores de Derechos Humanos y cualquier otro activista social, lo que sorprende es que a pesar de la incongruencia y del poco profesionalismo en la elaboración y planteamiento de los mismos le dan trámite en algunas de las dependencias que forman parte de los operadores de justicia.
Existe el peligro de que se produzcan detenciones, para que posteriormente se niegue alguna medida sustitutiva y los acusados sin pruebas pasen meses o hasta años antes de ser escuchados por jueces.
Posiblemente se pretende orillar a activistas sociales a abandonar el país, propiciando de esa manera el éxodo masivo de connacionales, como ocurrió en el pasado reciente, cuando decenas de miles de personas se vieron en la necesidad de abandonar el territorio para poder salvar sus vidas.
No hay que olvidar que estas acciones están encaminadas a debilitar el fortalecimiento del Derecho, por lo que de existir voluntad para fortalecer la democracia, estas entidades promotoras del odio deberían ser investigadas o por lo menos evitar que mantengan su influencia en las altas esferas gubernamentales.
Fotografía de Esteban Biba
