Los guatemaltecos consideran que la inseguridad es el segundo problema que más les preocupa, después de la situación económica. Los dirigentes de distintas agrupaciones políticas y los funcionarios de gobierno, plantean hacerle frente, pero no se ponen de acuerdo en ¿cómo hacerlo? Pocos proponen estrategias contra la narcoactividad, el contrabando, las tratas de todo tipo, el trasiego de armas; son temas que por escabrosos se los endosan al ejército, creyendo que es la institución especialista en brindar seguridad a la ciudadanía.

El esquema para solucionar el problema es el mismo que todos los gobiernos han utilizado. Sus estrategias las realizan con las instituciones de seguridad existente, pero sin promover una verdadera reforma institucional, ni fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad. El problema sigue enfocado en la cantidad de policías y su cobertura; la mayoría propone regresar el Ejército a las calles, y pocos utilizarán la inteligencia para apoyar labores de investigación del Ministerio Público y las policiales. Tampoco se aborda la relación de las comunidades con las autoridades de seguridad en la prevención del delito. Algunos plantean crear una Guardia Civil, pero sin resolver las nuevas funciones se le darán al Ejército y la actual policía, que, como problema latente, se convertirán en sus principales detractores.

El problema ya no es solo de seguridad, sino del incremento de la crisis política del Estado. La mayoría de gobernantes, de entrada, han colocado como autoridades de la seguridad, a personajes que en recientes gobiernos han ejercido el poder real, los cuales, se convirtieron de un apéndice de los carteles de la droga y que, como cómplices de la corrupción y la impunidad, elevaron los índices de criminalidad y violencia en el país.

La cooptación del Estado, no es una amenaza latente, es una realidad presente, que se manifiesta de diferentes maneras. Una de ellas es la destrucción de la incipiente democracia, la existencia del Pacto de Corruptos, el intento de reformar la Ley de Reconciliación para rehabilitar a sus líderes  acusados de Crímenes de Lesa Humanidad, la desnaturalización de las funciones del Consejo Nacional de Seguridad, la remilitarización de las Instituciones del Estado, el fortalecimiento de las finanzas del ministerio de la Defensa, la ocupación y conducción del Ministerio de Gobernación, la corrupción dentro del Sistema Penitenciario, la agenda de la Seguridad Nacional impuesta desde el exterior, el manejo de las agencias de Inteligencia para el control de la población, entre otras.

Como ejemplos: las mafias existentes y el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico. Se conoce de sus actividades ilícitas dentro de la administración del Estado, y del control de las aduanas, puertos, aeropuertos, fronteras, por medio de los cuales negociaron con el contrabando, las drogas, el tráfico de armas, las tratas y demás negocios fraudulentos. Se han perpetrado en las decisiones políticas de la presidencia desde hace varios gobiernos. La rosca militar que gira en torno al mandatario lidera a esos grupos, y que en el gobierno pasado eliminaron las actividades de la CICIG, y el actual gobierno terminó con destruir las instituciones de la paz, razón por la que pueden realizar sus negocios a sus anchas.

Todo ello ha permeado al Estado, en beneficio del crimen organizado y el negocio de las drogas, que algunos ya lo nombran como Narco-Estado, en el cual han encontrado los mecanismos para su manejo y control. Los grandes negocios de las mafias se desarrollan sin ninguna restricción y el paraíso fiscal beneficia las inversiones del nuevo capital derivado de transacciones y negocios fraudulentos.

Gendri Reyes, ministro de Gobernación (a la derecha) conversa con altos mandos de la PNC.

Desde la campaña electoral, se vio que los programas de gobierno de los partidos políticos estaban muy alejados de la recuperación del Estado para arrebatárselo al crimen organizado. Para nada se plantean políticas encaminadas hacia alcanzar el bienestar y desarrollo. Da la impresión que se pretende coexistir con las mafias y realizar lo que estas les puedan permitir. Algo así sucedió con el actual mandatario, cuando este prometió desde Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, que como palabras que se lleva el viento, quedaron como evidencia de su demagogia:

“Estoy convencido de que nuestro país puede salir adelante, de que si hay capacidad en Guatemala de fincar bases para el progreso y el desarrollo; podemos lograr una convivencia en paz y armonía, podemos aprovechar las oportunidades de construir una sociedad en la que nuestras familias crezcan y alcancen su propia felicidad”

La ciudadanía no requiere que se le brinde una percepción de seguridad. Se necesita garantizar a los ciudadanos el derecho de desenvolverse cotidianamente con el menor nivel posible de amenazas a su integridad personal. Es una obligación del Estado brindarle la seguridad necesaria, porque a cambio, los ciudadanos les delegan la autoridad cada cuatro años, cuando eligen a las autoridades responsables de conducir al aparato estatal.