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La postura decidida que tomaron algunas bancadas del Congreso de la República para improbar el estado de Calamidad, decretado por el presidente y su consejo de ministros, nos hacen creer que la separación de poderes es funcional en nuestro país.  Sin embargo, como ciudadanos no debemos confiar ni creer que este acto sea la expresión de una auténtica prevalencia del papel de los diputados, en representar los intereses y necesidades de la población que los eligió, pues en lo que lleva esta legislatura y agravado por la pandemia los diputados han estado deslindados del pueblo.

Bien podemos pensar que la información que circula en redes sociales sobre que el congreso no recibió la tajada que esperaba recibir, por eso improbó el estado de calamidad, ¿por qué no podemos pensar que eso sea verdad? O acaso tiene algo que ver la actitud incisiva del gobierno de los Estados Unidos sobre el combate a la corrupción y persecución de los corruptos, podría ser un factor detractor que los congresistas vieron que no se puede continuar con el saqueo descarado del gobierno. Otra posible explicación de la correcta pero sorpresiva actitud del congreso, sea la presión social que no ha cesado desde ya casi un mes, las protestas pidiendo la renuncia del presidente, quizá los congresistas que votaron en contra del decreto lo hayan hecho con el propósito de tomar un poco de distancia del Ejecutivo, tratando de salvar su imagen porque llegarán momentos en que saldrá a luz las perversas intenciones del gobierno con un decreto que no ayuda en lo mínimo a la contención del virus, el equipamiento de los hospitales para contener el alza de muertes y la dotación de vacunas para toda la población.

Con 103 votos a favor y 54 en contra, el congreso improbó el Decreto Gubernativo 6-2021, que dejó sin efecto el estado de Calamidad, curiosamente la Junta Directiva del congreso, especialmente el presidente eran los que trataron a toda costa de que se aprobara el decreto, y lo único que consiguieron fue que ahora Allan Rodríguez se convierta en el tercer alto funcionario que la población pide airadamente su renuncia. Los diputados realmente pueden cumplir con su obligación de legislar en favor de quienes los eligieron, pero como coloquialmente decimos, no hay voluntad política para hacerlo, porque el interés personal y económico está por encima de la política y del pueblo mismo. Esperamos que acciones como éstas muestren que el congreso ya no es el aliado perfecto del Ejecutivo para continuar saqueando las arcas nacionales, como cuando se repartían las champurradas en el hemiciclo.