PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Artículo 113, de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Basado en un artículo divulgado por Fundación Libertad y Desarrollo, con fecha 21 de marzo 2019. En primer lugar, hay que hacer la consideración que el vocablo «honradez» suscita cuestionamientos al momento de aplicar el artículo 113 constitucional.

Cuando el Congreso preguntó a la Corte de Constitucionalidad (CC)  en qué términos debía entenderse que verificaban la reconocida honorabilidad, la Corte respondió que «con base a pruebas fehacientes que permitan establecer si su imparcialidad está comprometida y si cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República de Guatemala. Con lo dicho se entiende que la honorabilidad es una cualidad que se tiene o no se tiene y todos los órganos que intervengan en el proceso de designación de funcionarios deben velar que tales cualidades las reúnan los aspirantes.

El TSE podrá denegar la inscripción o adjudicación de candidaturas. El TSE podrá negarse a adjudicar cargos a quienes hayan sido condenados por sentencia firme en proceso penal, a quienes enfrenten un proceso penal e incluso contra funcionarios contra quienes se haya iniciado un proceso de antejuicio.

La honradez es un requisito para ser empleado público y para ser funcionario público electo. El criterio de la CC es que la honradez es una condición que se tiene o no se tiene. La Corte considera que cuando la autoridad considera que una persona no cumple con la condición de honradez no se viola su derecho de defensa porque no se le está juzgando criminalmente sino en la esfera de su honor. Este punto es debatible porque la consecuencia legal de no ser considerado honorable por la autoridad implica una sanción que se traduce en limitar el derecho a elegir y ser electo. Esta laguna que se presta para cualquier interpretación es donde se refugian los políticos para presionar al TSE para ser inscritos como candidatos a elecciones generales.

Fotografía de Carlos Hernández Ovalle

El derecho a elegir y ser electo. Hay que evaluar si esta práctica de juzgar y sancionar desde la honorabilidad vulnera o no el derecho a elegir y ser electo al tenor del artículo 23 del Pacto de San José. Si bien la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido en su jurisprudencia que el catálogo de razones que establece ese artículo para limitar el derecho a elegir y ser electo no es una lista cerrada, también es que esos límites deben estar basados en ley y ser proporcionales. Es correcto afirmar que la honradez es una cualidad moral que no se puede reglamentar, pero también lo es que dejar tal consideración a discreción de la autoridad puede ser una medida desproporcional y conculcar el derecho a elegir y ser electo.

Inscribir candidatos capaces, idóneos y honrados es tarea del TSE, pero elegirlos mediante el voto es responsabilidad de la ciudadanía, dicho de otro modo ¡de usted depende!