Juramentación de Franco Urzúa como viceministro en la cartera de Gobernación.

El ex coronel de aviación, Carlos Enrique Franco Urzúa, primer viceministro de Seguridad, contrató a Erik Donaire Constanza Bran, como su asesor técnico, el 8 de diciembre de 2020. Constanza Bran es un exconvicto que cumplió una condena de 12 años de prisión en Estados Unidos, por conspirar para enviar un cargamento de 1,300 kilos de cocaína hacia a ese país, recuperó su libertad el 10 de marzo de 2017. Constanza Bran se ha convertido en el principal operador y asesor técnico del viceministro. También Franco Urzúa contrató a cinco militares, entre ellos varios de sus compañeros de la Promoción 108 de la Escuela Politécnica, como asesores.   Esta promoción es conocida entre los militares como “la Promoción sin filtro de calidad”, y muchos de sus integrantes han estado envueltos en graves delitos y escándalos de corrupción, entre ellos Byron Lima.

Erik Constanza, exconvicto y asesor del Mingob.

Ese viceministerio, es el que maneja la Seguridad Interna, que orienta y establece las estrategias de la seguridad del Estado. Determina las líneas de acción, planes, operaciones, apegadas a la ley, en el manejo de la Policía Nacional Civil, PNC; del Sistema Penitenciario, de la Inteligencia Civil, y hasta hace poco, la Dirección de Migración.  Participa en comisiones internacionales especiales, como la Comisión de Seguridad del Sistema de Integración Centroamericano, SICA y la Comisión que otorga asilo a migrantes que huyen de la persecución política en su país.

Todas esas funciones, son de gran responsabilidad, y se requiere de mucha confidencialidad. Algunas actividades se convierten en secreto de Estado y deben ser atendidas por especialistas y operadores políticos probados. Se necesita que no sean representantes o trabajen para intereses de terceros, como el crimen organizado, el narcotráfico, o alguna de las tratas reconocidas, porque entonces esas organizaciones tendrían un agente infiltrado, conociendo o trasladando la información del quehacer de las instituciones de seguridad.

Los Antecedentes Penales y Policiacos, son un requisito, para que “todos” los ciudadanos, puedan demostrar su honradez y honestidad, cuando se planteen optar a un empleo, o dentro de controles rutinarios como personal del Estado y empresas privadas. Dentro de las instituciones de la administración del Estado, no solo es un requisito, sino una obligación, sobre todo si se trata de manejar información y como en este caso, en el manejo de las instituciones de seguridad.

En el caso de los cinco asesores militares en ese viceministerio, priva la relación de amistad en esa contratación, o lo que en el ejército se denomina unidad de cuerpo.  Esa unidad se manifestó durante el Conflicto Armado, en una posición de defensa cerrada de la institución, dirigida a asegurar la impunidad de sus miembros, situación que aún se refleja en la posición y actitud castrense de no asumir su responsabilidad histórica, ante las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población.

Lo mismo se puede decir del honor militar, el cual quedó reducido a un concepto vacío de contenido moral, desligado de la ética y plenamente compatible con la práctica sistemática de la tortura, el exterminio de población civil, la ejecución arbitraria de mujeres, niños y ancianos; por lo tanto, no puede ser representante de ningún honor de los guatemaltecos.

Se puede agregar que el honor, la disciplina y el espíritu de cuerpo son conceptos que integran los valores castrenses en su vertiente moral, pero que fueron interpretados según la conveniencia política del Estado Contrainsurgente. La disciplina militar fue llevada a extremos que no sólo significaron una grave infracción a las normas contenidas en el Derecho Internacional Humanitario, y la violación de los derechos humanos, que vulneraron estos principios.

Al ejército, destinado a garantizar la seguridad exterior, con la Doctrina de Seguridad Nacional, impuesta por Estados Unidos, le fueron reasignadas otras funciones como la Seguridad Interna, propias de las policías y agencias de inteligencia civil, para que se involucraran en acciones policiales contra los insurgentes. Se ha dicho hasta el cansancio y se ha probado en la práctica, que al Ejército no le compete dirigir la Seguridad Interna, para la cual no están preparados. Al soldado le enseñan a combatir, a matar, no a defender los derechos humanos. En esas condiciones, los asesores del viceministro, no tienen la calidad moral, ética ni legal, para ocupar esos cargos. Tampoco puede desnaturalizar sus funciones, contratando a un delincuente como principal asesor de la seguridad del país.