El gobierno inicia el nuevo año, arrastrando una gran inestabilidad política, acumulación de problemas por decisiones erráticas. A ello se suman contradicciones internas, la desintegración de su gabinete, el cual se debió consolidar, pero lo que destaca es la falta de solidez e improvisación permanente.

Con un promedio de tres relevos por mes, se ha nombrado y se ha destituido a las más altas autoridades en sus ministerios y viceministerios. Así de inestable ha estado el equipo de gobierno del presidente Alejandro Giammattei, que ya suma más de 20 cambios.  A juicio de críticos y analistas, no se observa que los planes y programas de cada cartera despeguen, y es que no se pueden obtener resultados de algo que no ha empezado.

Los cambios de funcionarios se han producido aparentemente por varias causas, la versión oficial, por supuestos motivos de salud, o situaciones personales, pero se sabe que el principal motivo son las desavenencias con las políticas erráticas que se implementaron con motivo de la pandemia y las tormentas. Eso creó incompatibilidad con el presidente y su rosca de allegados, en el caso de la viceministra de Cultura, Ángela Mariela Fernández, abandonó su cartera, apenas con un mes de haber iniciado su gestión.

Pero lo que más destaca es la improvisación en el nombramiento y desempeño de esas autoridades, síntoma de escasa planificación y no haber contado desde el principio con un equipo de trabajo definido. Ello revela la falta de cuadros con experiencia, adecuado nivel profesional y un alto nivel de especialización, y en algunos casos se trata de funcionarios que vienen arrastrando varios delitos y están ligados a la corrupción. Evidencia también los compromisos políticos asumidos durante la campaña, lo que indica que se nombraron autoridades para pagar favores, solo para llenar un espacio y al final, no funcionaron para el cargo. Esta incompetencia quedó de manifiesto ante las emergencias que sufrió el país, con la pandemia y ante los desastres naturales ocasionados por las tormentas Eta e Iota.

Ese cambio constante, establece una dinámica en la que no se pueden cumplir las metas de los ministerios, en la implementación del programa de gobierno. Cada cambio significa nuevas autoridades que no dan continuidad a las políticas iniciadas por sus predecesores, se plantean nuevos proyectos, y cada una significa “borrón y cuenta nueva”. De esa manera, no se logra tener políticas públicas estables. Esa falta de continuidad se refleja en la falta de ejecución presupuestaria de algunas carteras, que no marchan al mismo ritmo de las necesidades sociales. También aparecen los reajustes en los nuevos planes, que muchas veces exigen transferencias desde otras carteras o petición al Congreso para readecuar su presupuesto.

A ese ritmo, la administración no puede implementar políticas de gobierno, mucho menos políticas de Estado. El problema es que se consume el tiempo en prueba y error, y en el segundo año, se esperaría que se produjeran los resultados de la puesta en práctica de sus estrategias, planes y proyectos. Sin embargo, no se manifiesta un despegue en las políticas de gobierno, y la sociedad se encuentra angustiada, en la espera de poder resolver los graves problemas económicos, de salud, de seguridad ciudadana, educativos, así como se enfrenta al desempleo, la pobreza, y la inseguridad alimentaria, problemas que se agravaron con la crisis. Otro problema que se convirtió en obstáculo, fue la creación del Centro de Gobierno, que, no existiendo legalmente dentro de la estructura del Estado, sustituyó a los ministerios y a la vicepresidencia, creando una crisis institucional, que bloqueó el funcionamiento del gabinete, originando el desgaste político prematuro del gobierno.

La presencia de la población protestando en la plaza, no se debe solo al descontento popular. Fue convocada por el CACIF y otros grupos de poder económico, que dejaron de actuar, una vez que el presidente dio marcha atrás con sus políticas erráticas y su Centro de Gobierno. Aunque el jefe del Ejecutivo prometió reiniciar sus políticas, estas no terminan de arrancar, otra vez, se vuelven a manifestar las contradicciones con el vicepresidente, al que de nuevo deja fuera de la jugada. La ingobernabilidad no es provocada por ninguna oposición, es generada por las contradicciones internas del propio gobierno.

En el sistema parlamentario, el mandatario se cambia al perder la mayoría en el Congreso y se convoca a nuevas elecciones. En el sistema presidencial como en el caso de Guatemala, no existen formas de resolver las crisis, se tendrá que esperar cuatro años a que termine esta administración. ¿Qué más improvisaciones vendrán y hasta dónde se llegará? ¿Estará dispuesta la sociedad a soportarlo? La única forma legal que se ha utilizado en el país es que se le declare incompetente por el Congreso. Las otras formas que también se han utilizado son ilegales, como dar un golpe de Estado o eliminarlo, pero esto crearía una crisis institucional que sumiría al país en un caos, a pesar de que ya se está viviendo.