El destino final de las caravanas de migrantes centroamericanos, no es Guatemala, sino los Estados Unidos, donde supuestamente lograrán resolver sus grandes problemas económicos, que fue la causa por la que partieron de sus hogares. La situación de los migrantes, es desesperada, puesto que sus cosechas y medios de vida, fueron destruidos por las tormentas en noviembre. Se debe agregar la falta de empleo causada por la pandemia, en un país que ha sufrido la violencia, multiplicada por las pandillas y el narcotráfico. El gobierno de Guatemala al no contar con una Agenda de Seguridad propia, sino impuesta desde el Norte, responde a los intereses norteamericanos, impidiendo el paso de esas caravanas.
Fotografía de Esteban Biba
Alrededor de siete a ocho mil personas han ingresado al territorio nacional, por diferentes pasos fronterizos. En su intento, se han enfrentado al Ejército y Policía, que para detenerlos han utilizado la violencia, las imágenes de los telenoticieros lo demuestran. La principal justificación del Gobierno de Guatemala para reprimir a gente desarmada, y acompañada de mujeres y niños es: “la trasgresión a la soberanía nacional”, ¿significa que son una amenaza para la seguridad nacional? Para legalizar esa brutalidad, el gobierno de Guatemala declaró Estado de Prevención en siete departamentos por los que pasarían los migrantes. Ello le permite al gobierno desarticular las caravanas por la fuerza, porque en un estado de excepción, quedan suspendidas las garantías y los más elementales derechos, dentro de los que se incluye su libre locomoción y su defensa legal.
El Instituto Guatemalteco de Migración, IGM, informó que esas acciones están encaminadas al “cumplimiento de lo establecido por el presidente Alejandro Giammattei”, por tal razón, fueron instalados 16 puestos de control, para detectar a los migrantes que hayan ingresado al territorio nacional. Tratar a los migrantes como delincuentes es una posición propia de las dictaduras y los gobiernos autoritarios. A partir de octubre de 2018, mas de una docena de caravanas con miles de migrantes, han salido de Honduras, pero su paso ha sido impedido por millares de guardias fronterizos y militares, posesionados en las diferentes fronteras, sobre todo entre México y los EE.UU.
El 26 de julio de 2019, los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos, firmaron un acuerdo, para convertir a Guatemala en País Seguro, receptor de los migrantes que aspiren a refugio o asilo en EE.UU., mientas su solicitud esté resuelta. Ello se hizo sin contar con las condiciones económicas, logísticas ni legales del país, ni siquiera con la aprobación del Congreso de la República, para atender los miles de casos que se presentarían. Las caravanas han rebasado las posibilidades del país, demostrado lo equivocado del convenio. Se debe indicar que Guatemala, tampoco cuenta con una política migratoria, para atender los casos de los centroamericanos, dentro de los cuales se encuentran los propios connacionales. Algunos esperan que el nuevo gobierno norteamericano flexibilice su posición frente a los migrantes, a pesar que se plantea una Reforma Migratoria Integral. Esta no aplicará a los nuevos migrantes, sino, la legalización de los que ya radican en EE.UU. Además, se enfrentarán no a un gobierno, sino al sistema, que ha endurecido sus relaciones internacionales y su política migratoria.
Durante el Gobierno de Alfonso Portillo, el país fue descertificado por EE.UU., por no haber logrado las metas en la incautación de drogas y control del narcotráfico. De inmediato quedaron suspendidos los préstamos, donaciones y créditos a Guatemala. Ese chantaje es recurrente cuando no se asume el compromiso firmado con EE.UU., por tal razón el acuerdo firmado con Guatemala sobre política migratoria, se cumple o se atiene a las consecuencias, los acuerdos no son opcionales, son de obligado cumplimiento. En aquel momento fue de impedir el tráfico de drogas, por el país, con destino al Norte. Pero la gran contradicción, consiste en el gran consumo de drogas de la sociedad norteamericana, que constituye una gran demanda para que esta llegue desde el Sur del Continente. Ello no es proporcional en lo exigido al país, y no se observa una fuerte lucha contra las drogas por las autoridades del Norte, porque echaría por tierra los beneficios obtenidos por el sistema bancario. En EE.UU., no caen capos de la droga ni se desarticula el autoconsumo, tampoco se destruye el fuerte mercado de las calles.
Los migrantes contribuyen con sus remesas a mantener la economía de sus respectivos países. No son delincuentes, ni terroristas, son la fuerza de trabajo que, como riqueza, se exporta desde la región centroamericana. Con duras penas y contra las adversidades, contribuyen a fortalecer el propio sistema que los discrimina, aportando con sus impuestos a la economía norteamericana y asumiendo los trabajos que para los gringos son denigrantes.
Fotografía de Esteban Biba
