La semana pasada publiqué haciendo la pregunta sobre si Guatemala es un Estado Republicano y ahora hago otro cuestionamiento ¿Guatemala será un país democrático?

¿QUÉ ES UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO?

Un gobierno democrático se caracteriza porque hay un Estado de Derecho, en donde todos los habitantes son iguales ante la ley, no existe la discriminación entre sus ciudadanos, tampoco reinan los privilegios (Artículo 4 de la Constitución Política), aquí vemos que el artículo 4º no se cumple, porque existe mucha discriminación y también hay privilegios para ciertos grupos empresariales y a algunos amigos muy cercanos a los gobernantes.

Nuestra Carta Magna en su artículo 5º. Libertad de Acción reza: “Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma”. ¿Cómo podemos hablar de un Estado democrático, cuando vemos que la exjefe de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra fue capturada el 23 de febrero de este año, a quien se le señala de haber cometido los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Las acciones incriminadas a la abogada Laparra no encajan en ningún delito, a menos que para el Ministerio Público, el ejercer su trabajo con honestidad y profesionalismo sea un delito. Revisando el Código Penal, no encontré ningún delito que tipifique los hechos por los que se le acusan por denunciar administrativamente una conducta impropia de un juez, lo cual era su obligación realizarlo y es el hecho por el cual ha sido criminalizada. violentando la Constitución Política y el Código Penal. Además, la exjefe de la FECI en Quetzaltenango se encuentra encarcelada en un lugar perjudicial para su seguridad e integridad física, pues su celda se encuentra lindante con el preso abogado Otto Gómez, defensor de los Mendoza y permaneciendo 23 horas al día encerrada, ya que tiene autorizado salir de su celda para tomar el sol y realizar actividades una hora al día. Ni un delincuente de alta peligrosidad es tratado de esa forma tan inhumana.

En un Estado democrático hay independencia de poderes, en donde ninguna autoridad imponga su voluntad sobre los demás a su capricho como suele suceder con gobiernos dictatoriales, (artículo 141 de nuestra Ley máxima). El presidente de la República, con aires encubiertos de dictador, abusivamente se ha entrometido en las instituciones sin respetar su independencia y autonomía. De igual forma ha actuado la presidente del Congreso de la República tomando actitudes arbitrarias para favorecer los intereses perversos de sus principales colaboradores del Pacto de Corruptos. La presidente de la Corte Suprema de Justicia no se ha queda atrás manipulando injustamente su función persiguiendo inmisericordemente a los jueces que se han definido por conducirse con independencia, honestidad y valentía, como Erika Aifán, Pablo Xitumul, y otros más.

Todos aquellos sujetos que atienden el gobierno, las entidades y órganos públicos y la administración pública, deben actuar según los límites establecidos en la ley. Los presidentes de los tres poderes del Estado han vulnerado caprichosamente el Estado de Derecho. Desgraciadamente lo que está aconteciendo en nuestro país, son típicos ejemplos de gobiernos disimulados de autoritarismo o de aprendices de dictadores y muy alejados de ser democráticos.