FOTOGRAFÍA DE CARLOS SEBASTIÁN

Giammattei prometió combatir la impunidad; luchar contra el narcotráfico y enfrentar en todas sus dimensiones a las pandillas y maras que operan en el país. Por el momento ese ofrecimiento contenido en su Programa de Gobierno no se ha logrado, en cambio fortaleció el Pacto de Corruptos. Ofreció crear una comisión especial vinculada al Poder Ejecutivo que sustituyera a la Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, y que diera soluciones para combatir la corrupción, pero llegó a su tercer año de gobierno, y esa comisión no existe.

Fue el primer presidente en gobernar sin la sombra del organismo internacional que, junto con la Oficina del Fiscal General, acusó a tres ex presidentes de corrupción. La CICIG lideró la investigación que finalmente encarceló a Otto Pérez Molina, y también acusó al presidente Jimmy Morales de financiamiento ilícito de campañas. Los últimos presidentes fueron vinculados a acusaciones de corrupción y actividades ilegales, por lo que es poco probable una solución interna para contrarrestar la impunidad, y menos cuando Giammattei anunció que la CICIG no continuaría.

Además de que su antecesor expulsó a la CICIG, Giammattei terminó de eliminar todas las instituciones que apoyaban el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, pero sobre todo la de los Derechos Humanos, de la justicia y del combate a la corrupción. Los principales argumentos para dar por tierra los compromisos de Guatemala con la Organizaciones de las Naciones Unidas, ONU, siempre fueron: “La intervención extranjera en los asuntos internos del país” y las violaciones a la Soberanía Nacional”.

La CICIG, fue producto de las negociaciones de paz, para fortalecer el sistema obsoleto de justicia, en Guatemala, que constituye una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco.  Dentro de este sistema el desarrollo de los procesos judiciales, padecen de fallas y deficiencias. Los anticuados procedimientos legales, la lentitud de los trámites, la ausencia de sistemas para la administración de los despachos y la falta de control sobre los funcionarios y empleados judiciales, propician corrupción e ineficiencia.

El objetivo primordial de la CICIG fue apoyar, fortalecer y contribuir con las instituciones del Estado de Guatemala, encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad, CIACS, y delitos colaterales.

Por tal razón, el Estado de Guatemala, “solicitó” a la ONU, su apoyo para que un ente internacional funcionara en Guatemala en la persecución de determinados delitos. Es necesario indicar que el propio Estado de Guatemala, “autorizó” a este ente intervenir dentro de la aplicación de la justicia, por lo tanto: no vino a interferir en los asuntos internos como se ha pretendido argumentar por parte de sus detractores.

Tampoco amenazó la Soberanía Nacional, porque no vino a tomar decisiones políticas, sino apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala, encargadas de la investigación y la persecución penal.  CICIG demostró que el principal enemigo y obstáculo de los cambios eran los tres poderes del Estado, así como un extenso grupo de actores de poder y la derecha, entre los que figuran diputados, oligarquía, empresarios, abogados, militares en activo y en retiro, medios de comunicación social e incluso actores de la sociedad civil como algunas organizaciones no gubernamentales y líderes sindicales corruptos, entre otros sectores relevantes. Ellos expulsaron al ente de la ONU del país, porque les había amarrado las manos para continuar con sus crímenes y beneficiarse de la impunidad.

Ciudad de Guatemala, junio del 2016. Fotografía de Carlos Sebastián

De qué manera podría funcionar una comisión especial, tal como lo hizo la CICIG,  sin afectar los capitales mal habidos por la explotación de la Oligarquía Nacional, sin tocar los negocios de las élites empresariales, sin afectar los intereses del narcotráfico y del crimen organizado, sin fiscalizar la actuación del Ejército, sin pasar por alto a las mafias que tienen cooptado al Estado. Una comisión especial adscrita al ejecutivo que sustituya la CICIG, no puede funcionar, sobre todo porque se pondrá a funcionar con el personal y el sistema que se quiso cambiar. Que tradicionalmente se ha criticado por su falta de profesionalismo, por su manejo corrupto y generador de impunidad. Y no funcionará porque estarían las mafias del MP,  la gente de Consuelo Porras, y otras estructuras que demostraron sus altos niveles de corrupción. La pregunta se la hace todo mundo: ¿Cómo lo harán, sin combatir el sistema que ellos mismos representan?