¿Podrá la Enfermedad del Coronavirus del 2019 dejar en la impunidad al exdiputado y exchafa Estuardo Galdámez, quitándole el pesar de la existencia con una muerte parsimoniosa? ¿O se trata simplemente de la archisabida táctica jurídica de hacerse el enfermo para ganar tiempo? Obviamente preferiríamos que fuera lo primero, dado que tener a un preso de ese nivel bajo vigilancia estatal es un gasto tremendo de recursos pagados con nuestros malditos impuestos…

Da la casualidad de que hoy se tenía programada la audiencia de este “probable” criminal de cuello alabastrino ante la inquisidora del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, pero la defensa anunció “posibles padecimientos” de la Covid 19… Dizque ayer, domingo, se fue hacer la prueba al San Juan de Dios, pero no la pudieron realizar, quién sabe con qué pretexto… Así que fue regresado a la prisión de cinco estrellas, la cárcel Mariscal Zavala. La cosa es que al final aquel diputado que llegaba con su boina de kaibil al Congreso de la República, como si tuviera algún problema cognitivo, zafuqueó con esta gracia.

El hospital construido a media está situado en Ixcán, Quiché. En 2013, una empresa ganó un concurso por Q79 millones, según la FECI, gracias a que Estuardo Gáldamez, recibió un soborno de Q2 millones

La investigación que busca imputarle el delito de enriquecimiento ilícito a tan honorable personaje, señala que Galdámez recibió una coima de 2 millones de pajarracos verdes pechirrojos, por parte de una constructora contratista del Estado. Al final del cuento, se le concedió el contrato a la sociedad mercantil SERCCO (Servicios de Construcción Comunitarios y Comerciales), en octubre de 2013, para construir el Hospital de Ixcán por la cantidad de Q79,630,000. Das dos y te llevas 77… Buen trato…