Un proceso acelerado de quebrantamiento constitucional en favor de regímenes autoritarios y corruptos aprovechando la pandemia.

Nuestro repudio ante la provocación manifiesta por parte de la mayoría parlamentaria que viene actuando en contra del sentimiento generalizado de la población y cuya finalidad última consiste en quebrantar continuamente el orden constitucional, favoreciendo así procesos oscuros de implantación de un régimen autoritario y corrupto es evidente. Siete de cada diez guatemaltecos están en contra de este actuar según las encuestas.

Que esa confabulación pretende ahora, con total desapego al espíritu y la letra de la Constitución Política de la República, dar marcha atrás en los avances que se han efectuado, mediante reformas legales espurias, al sistema de partidos políticos, generando así, una percepción generalizada que las próximas elecciones serán solo de fachada, para imponer una continuidad de la narco cleptocracia que logró conquistar finalmente el poder. Se pretende aprovechar esta oportunidad para provocar un enfrentamiento social, logrando así un franco deterioro en beneficio del crimen organizado y de la corrupción en el país.

Que en forma continua hemos sido testigos de acciones maliciosas para debilitar el Estado Constitucional de Derecho, facilitando la imposición de un estado de cosas que concentre el control de la institucionalidad del Estado, en manos de una camarilla de personajes ampliamente cuestionados, que se han valido de la pandemia para sorprender y abusar de la buena voluntad de los guatemaltecos, que se encuentran agobiados por la pobreza y la crisis sanitaria.

Lucrecia de Paloma, segunda vicepresidenta del Congreso.

Que el trastoque constitucional ha llegado al punto de tener ya más de 18 meses sin poder elegir cortes de justicia independientes, estando en un estado de usurpación las deslegitimadas autoridades judiciales, quienes mediante argucias se han mantenido en el ejercicio de sus funciones, en claro incumplimiento de su mandato constitucional.

Vemos con preocupación que las acciones impulsadas por la mayoría de parlamentarios buscan favorecer y normalizar la corrupción en nuestro país, mediante cambios a las leyes que controlan el despilfarro presupuestario, mediante la autorización de compras opacas cuyo único fin es enriquecer a los funcionarios locales, garantizando así su lealtad al régimen central, ya que de estos depende el ejercicio del control territorial local y teniéndolos contentos se conforma una amalgama de poder local cooptado, diputados y gobernadores que reciben prebendas desde el ejecutivo y por supuesto un ejecutivo que a estas alturas del año ni siquiera ha enviado un presupuesto general de ingresos y egresos al congreso.

Silvia Valdés, magistrada de la Corte Suprema de Justicia

 

Corrupción pura y dura

Nos sentimos comprometidos a hacer valer nuestra voz, en contra de esta conspiración para debilitar nuestra joven democracia y Estado de Derecho y hacemos un llamado a los pueblos que integran la Nación, para que hagamos valer nuestra voz, uniéndonos en una campaña de repudio a quienes mancillan la representación nacional, desafiando los esfuerzos para devolver la plena vigencia de la Constitución Política de la República.

Y así como una gran infección que ha abarcado la totalidad del cuerpo institucional de nuestro país, se asoma una dictadura amalgamada por la corrupción y autoritarismo para la cual no existe vacuna.