Ayer, la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) dio a conocer una lista negra de 15 personajes esperando su correspondiente dada en la nuca judicial por la supuesta falsificación de una acta para la conformación de una agrupación política. Entre los señalados de diversos delitos, se encuentra Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de jefes de la Superintendencia de Enhebración Tributaria (SET).

Según Rafael Curruchiche, titular de la Fiscalía, los siguientes pobres diablos son señalados de delitos como comisión de falsedad ideológica, asociación ilícita y conspiración a las siguientes personas:

  1. Carlos Ramiro Cárdenas
  2. Juan Francisco Solorzano Foppa
  3. Matilde Balan
  4. José Miguel Quintanilla
  5. Byron Barrera Ortiz
  6. Octavio Cáceres
  7. Dora Nieves Monroy
  8. Ingrid Lorena García
  9. Angélica Orozco Gómez
  10. Aníbal Mayen (ex analista de CICIG)
  11. Roberto Cáceres Estrada
  12. Giovanni Vinicio Fajioli Cepeda
  13. Héctor Fajioli Garnica
  14. Lidia Girón Muñoz
  15. René Méndez

A criterio del analista independiente JP Muñoz AKA Juanpiraña, Foppa pasará así barato un par de meses entambado. Las intenciones de este operativo judicial coordinado por altos mandos del ministerio de Gobernación no están del todo claras, ¿Era Foppa el objetivo principal? O es Aníbal Mayen, ex analista de la CICIG, testigo del caso denominado “La Línea”. Estas acciones corresponden a que, en conjunto, los dos personajes enchachados ayer, afectaron grueso intereses económicos de grupos poderosos, Foppa desde la administración tributaria y Mayen desde la investigación criminal. Muñoz nos deja picados con una pregunta: ¿Qué casualidad que se fijan en los DPIs del partido de Foppa, cuando los partidos de los militares deben tener miles de muertos, migrantes o personas que ni saben que están afiliados?

Curruchiche alega que el 1 de marzo de 2020 fue elaborada un acta notarial titulada  “Acta notarial de grupo promotor para la constitución de partido político”, por el abogánster Carlos Ramiro Cárdenas, donde se establecía que el acta había sido solicitada por 553 personas. Según la fiscalía, uno de los firmantes había muerto el 9 de octubre de 2018, y que a otros tres no les correspondía el Documento Personal de Identificación. También les llamó poderosamente la atención el hecho de que 553 personas estuviesen reunidas en un salón cuando la pandemia ya estaba haciendo estragos en el país; sólo que al parecer la fiscalía no toma en cuenta que el primer caso de coronavirus fue anunciado el 13 de marzo y la mayoría de las actividades públicas se restringieron el 14.

Solórzano Foppa hizo el zafe ante la opinión pública alegando que ya lo “notificaron [de] la orden de aprehensión, es por un caso donde quisimos hacer un partido político. Y ahora dicen que hicimos una falsedad, eso es mentira, pero me iré a defender a tribunales”. Rodeado de una jauría de juras que andaban ojo al Cristo, declaró al llegar a la Torre de Tribunales, que, efectivamente, el intento de conformar el nuevo partido político se dio en marzo del año pasado, pero que sí presentaron la documentación necesaria al Tribunal Supremo Electoral, el cual les notificó en su momento que en el acta aparecía una persona fallecida y que actuarían al respecto.

“Desde ese momento no supimos más hasta esta fecha y creemos que detrás hay motivos espurios en esto, sabemos que el operativo lo condujo alguien de Gobernación con un vehículo sin placas, yo no tengo nada que esconder he sido una persona pública… Estoy aquí porque me detuvieron, pero igual me hubiera presentado voluntariamente”, dijo el pobre Foppa.