Los exmilitares que exigen un pago por los servicios prestados durante el Conflicto Armado, están conscientes que serán utilizados como fuerza electoral en 2023. Aprovechan eso como medida de presión o chantaje, para que los diputados aprueben el decreto 5664, que les otorgaría Q120 mil. Los veteranos no están de acuerdo con recibir solo Q36 mil, que sería el monto que propone la iniciativa 6073, que ya tuvo dictamen favorable en primera lectura. Por tal situación, los ex militares amenazaron que si no se aprueba su exigencia: “no nos responsabilizamos por lo que suceda a partir de ahora”, de esa cuenta, no se trata de una solicitud, es una imposición por la fuerza, como en los tiempos de las dictaduras militares.

Ciudad de Guatemala, afueras del Congreso de la República, noviembre de 2021. Fotografía de Danilo Ramírez

En diferentes lugares del país, han hecho sentir sus agresiones y otras demostraciones de fuerza, incluso contra la PNC. Además de estar cerradas las carreteras por los hundimientos y derrumbes, los ex militares contribuyen a agravar el problema. Los empresarios y sus organizaciones, en estas oportunidades no se han pronunciado ni destacaron los “efectos negativos para la economía nacional”, como si lo hacen cuando las organizaciones sociales toman las calles. Ante la capacidad de movilización de los ex militares, en el Congreso hay temor de lo que les puede suceder, de no aprobar el decreto de los Q120 mil.

Los exmilitares destacan que, en cada proceso electoral, los candidatos o funcionarios les han prometido el pago. Giammattei les prometió que recibirían un resarcimiento por sus servicios, igualdad ante la ley, una casa, parcelas para ser trabajadas y proyectos de desarrollo en sus comunidades. Pero el incumplimiento de esas promesas, ha provocado las reiteradas manifestaciones, donde se destaca la violencia. Durante las protestas de los exmilitares frente al Congreso en octubre de 2021, derribaron las puertas del parqueo, incendiaron vehículos y lastimaron a algunos empleados.

Continúan exigiendo un pago, ni más ni menos, por las grandes violaciones a los Derechos Humanos cometidos por ellos mismos hacia a población, por los Crímenes de Lesa Humanidad y por el Genocidio.  Los crímenes durante la guerra, fueron desproporcionados con relación a otros procesos similares.  En algunos países de América del Sur, se contabilizaron de 3 mil, hasta 4,500 asesinatos, y 300 desaparecidos, para poblaciones que llegaban a los 30 millones de habitantes. En Guatemala, se llegó a contabilizar 250 mil muertos y 45 mil desparecidos, un millón de desplazados internos, en un momento en que el país solo contaba con 7 millones de habitantes.

Fotografía de Esbin García

El honor que tienen los militares

Algunos analistas destacan la importancia y el honor que tienen los militares, por lo que se debe dar respuestas a sus demandas. Sin embargo, se debe dejar de lado toda idea que los haga intérpretes, representantes, voceros de la Nación, o de la sociedad. Aunque aparezca en la Constitución, tampoco representan el honor de la Nación. Este es un concepto que fue interpretado según la conveniencia del Estado Contrainsurgente. Por eso, el honor militar quedó reducido a una idea vacía de contenido moral, desligado de la ética y plenamente compatible con la práctica sistemática de la tortura, el exterminio de la población civil, la ejecución arbitraria de mujeres, niños y ancianos. La sociedad fue considerada el “Enemigo Interno” que el ejército combatió, por lo tanto, no pudo ni puede ser representante de ningún honor de los guatemaltecos.

Los ex soldados aglutinan a cerca de 1.7 millones y exigen al gobierno la suma de Q120 mil para cada uno. Se necesitarían cerca de Q204 mil millones para satisfacer esta demanda, pero se debe tomar en cuenta que el presupuesto para el 2023, apenas llega a Q. 112,294.8 millones. También surge el argumento de que a los guerrilleros se les pagó grandes sumas de dinero, lo anterior es una gran mentira que difunde la derecha y Fundaterror. Las fincas que les asignó el gobierno no fueron regaladas, tuvieron que ser pagadas en 20 años trabajando duro,  algunas fueron embargadas por los agiotistas y hambreadores de los bancos por no saldar la deuda.

El pago de esa suma sería con los impuestos, por lo que se dejaría de invertir en Salud, Educación, Infraestructura, Seguridad y demás políticas públicas en beneficio de la sociedad. Se debe tomar en cuenta que la relación laboral de cualquier empleado del Estado, termina a los 20 años. Tómese en cuenta que el Conflicto finalizó hace 26 años. En el caso de los soldados, nunca fueron empleados del Estado, ni se encuentran vinculados a la Ley de Servicio Civil, en todo caso fueron reclutados para prestar un servicio, dentro de normas y compromisos militares. Por esa razón, las exigencias monetarias de los ex soldados son ilegales e impagables.

Fotografía de Danilo Ramírez