Tras el enhebramiento policial de 21 manifestantes kekchís por defender su derecho a la tierra en la comunidad Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, el 9 de junio, el Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos (CALDH) emitió una alerta por las bagradas policiales cometidas. Exhorta a las autoridades judiciales a que se pongan la mano en la consciencia para cumplir con los plazos establecidos.

Los 21 manifestantes fueron enchachados por el delito de usurpación agravada, cuando lo único que hacían era una manifestación pacífica en la comunidad para exigir al Estado la devolución de tierras que les fueron arrebatadas hace 53 años.

La oenegé en cuestión alega que además la Polaca Nacional Civil (PNC) no se tentó el alma e hizo uso excesivo de la violencia, lesionando a algunos de los manifestantes y violentando el derecho a la libertad de manifestación. Los enhebrados fueron llevados al Centro Penal de Cobán sin ser escuchados por un juez competente ni siendo atendidos por las lesiones.

La oenegé exhorta a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) a dar seguimiento del caso. Asimismo, pide encarecidamente a las autoridades inquisitoriales, que cumplan con los plazos establecidos en la ley y que realicen las diligencias pertinentes para verificar la integridad de los manifestantes.

Por supuesto, las autoridades policiales y el poder judicial no han dicho ni pío al respecto de estos enhebramientos.

Según la oenegé, a la comunidad de Chicoyogüito el Estado le dijo “matanga” y le arrebató abusivamente en 1968 el territorio reclamado, para ser instalada la zona chafarotesca No. 21, hoy en día ocupada por el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ). Llevando así décadas de exigir que se les devuelvan estas tierras.

Fotografía de CALDH