FOTOGRAFÍA DE SIMONE DALMASSO

La delegación del poder mediante elecciones no debe ser vista como la entrega de un cheque en blanco para todo el período presidencial, así como no obliga a soportar un gobernante no idóneo o indeseable.

La Constitución Política de la Republica, aunque reconoce los principios de autogobierno del pueblo y de delegación revocable de la soberanía y del poder público, no establece la revocación del mandato de ningún funcionario o dignatario electo.

Sin embargo, nosotros los Constituyentes firmantes de nuestra carta magna original en 1985, sí dejamos establecido las elecciones a mitad de periodo del 50% de los alcaldes y diputados, con el espíritu de que esta elección sirviera como un referendo a lo actuado por los gobernantes durante su primera mitad del ejercicio del poder. Dicho precepto fue eliminado con la reforma constitucional del 93, al igual que el periodo presidencial y de gobierno en general fue rebajado de los 5 años que instituimos los Constituyente a 4 años que son los que nos rigen en la actualidad.

 

¿No estaríamos mejor con esas elecciones a mitad de periodo?

Tal es el caso de El Salvador, donde el congreso se elige a la mitad del periodo presidencial y en el caso particular actual sirvió de un referendo a la popularidad del presidente Bukele, otorgándole amplia mayoría legislativa para poder hacer los cambios estructurales que según su punto de vista necesita nuestra hermana nación.

Lo mismo sucede en los EE. UU., donde el periodo del mandato de los diputados es de 2 años y debe de haber elecciones a mitad del periodo presidencial, lo que de igual forma lo convierte en un referendo al gobierno central y su partido.

Por lo tanto, de igual forma que lo hizo México hace unos días, el referendo revocatorio debería ser parte integral del sistema democrático electoral de nuestro país, ya que dicho de manera simple: sería una manera legal y legítima de poder corregir una elección equivocada, mediante la cual el electorado deja sin efecto el mandato presidencial otorgado antes de que expire el periodo en funciones, sin tener que recurrir a los extremos que si contempla nuestra Constitución de la remoción del cargo por causa de incapacidad mental o física del presidente o por la comisión de un delito, efecto que ya vivimos durante el proceso de remoción de Otto Pérez.

Mientras nuestro sistema electoral este amañado para favorecer a los políticos de turno, seguiremos teniendo elecciones ilegitimas, aunque legales. Si antes de enero de 2023 no se hacen las reformas necesarias a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se repetirá el fiasco que tuvo lugar en el 2019 bajo la vigencia de la actual ley que en 2016 fue reformada e impulsada para favorecer a los intereses creados.

Sin embargo, dicha ley sí dejó una posibilidad, la cual fue amarrada por los políticos mañosos al darse cuenta de las posibilidades y alcance de dicha opción. Hablo por supuesto del voto nulo. Esta opción sí está establecida en la actual ley, sin embargo, pone el condicionante que debe obtenerse el 50% mas 1 de los votos emitidos para poder repetir las elecciones, las cuales, sin embargo, no obligan a los partidos a presentar nuevos candidatos, lo que obliga a una campaña masiva a favor del voto nulo para que este sirva como referendo al sistema político.

¿Qué pasaría si efectivamente se logra el 50% mas 1 de votos nulos?

Según el texto actual de la ley, habría que repetir las elecciones, sin embargo, como se expuso anteriormente no obliga a los partidos a cambiar a los candidatos.

¿Cuál sería la actitud del pueblo ante la actitud de no escuchar el rechazo?

Es acá donde está la posibilidad de una depuración del sistema, al mismo estilo que se logró con el serranazo de 1992, cuando la población harta de los mismos políticos propició la depuración del congreso y básicamente todo el sistema político. Sin embargo, después de 30 años el sistema se reconfiguró y está en peores condiciones que en ese momento.

Es imperativo una depuración y reforma del sistema político, donde las autoridades electas en efecto representen a la población y tengan sus intereses y el bien común como objetivo primario. No se puede gobernar de espaldas al pueblo, ya la historia lo señala, no solo en nuestro país sino alrededor del mundo.

Si no veamos el caso que hoy ocupa la atención mundial, Ucrania. Estudiemos los fenómenos de la revolución naranja de 2004 y la revolución de la dignidad de 2014.

Acá ya vamos a mitad de camino…